La construcción territorial de Raíces, el comité que busca convertirse en partido político de cara a las elecciones generales de 2027, enfrenta sus primeras fracturas visibles en dos plazas relevantes: Mixco y Quetzaltenango.
En Mixco, los concejales Cindy Rodríguez y Mario Anderson, electos originalmente por Movimiento Semilla, se apartaron del proyecto. Rodríguez explicó públicamente que su decisión estuvo relacionada con una supuesta falta de respaldo político para fortalecer la labor de fiscalización que desarrolla desde la oposición municipal.
El conflicto se trasladó posteriormente a Quetzaltenango, donde integrantes de las bases denunciaron desacuerdos sobre la conformación del Comité Ejecutivo Departamental. El grupo cuestionó lo que considera intentos de imponer determinados perfiles y rechazó que el trabajo territorial realizado para reunir adhesiones terminara desplazado por decisiones tomadas desde la dirigencia.
La dirigencia de Raíces ofrece una versión distinta. El diputado Samuel Pérez, secretario general provisional de la organización, ha señalado que la controversia en Quetzaltenango responde a posibles irregularidades en la asamblea departamental, entre ellas cuestionamientos sobre delegados, horarios y procedimientos. El caso llegó al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que deberá revisar la impugnación presentada.
Las diferencias no significan por sí mismas que Raíces haya perdido su capacidad para constituirse como partido. Sin embargo, representan un desafío para una organización que ha presentado la participación territorial y la incorporación de nuevos liderazgos como elementos centrales de su propuesta política. El propio movimiento asegura que busca construir una base amplia y fortalecer la organización desde los territorios.
Raíces todavía opera jurídicamente como un comité para la constitución de un partido político. Registros del TSE señalan que su comité fue inscrito en octubre de 2025 y dispone del plazo legal correspondiente para completar el proceso de organización requerido antes de convertirse formalmente en partido.
Por ello, las disputas en estructuras locales adquieren relevancia más allá de las diferencias personales. Para cualquier organización en formación, mantener cuadros territoriales, celebrar asambleas válidas y cumplir los requisitos establecidos por la legislación electoral son condiciones indispensables para completar su inscripción y competir en las próximas elecciones.
A este reto se suma la creciente exposición pública de figuras y organizaciones políticas antes de la convocatoria oficial al proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral mantiene expedientes relacionados con posibles casos de campaña anticipada; en julio, los magistrados reportaban 150 expedientes abiertos por este tipo de señalamientos contra distintas figuras políticas.
Esto no implica que Raíces haya cometido una infracción electoral ni que exista una sanción en su contra por esa causa. Sin embargo, la alta visibilidad de cualquier organización que busca competir en 2027 obliga a distinguir entre actividades permitidas de organización y afiliación y aquellas que el TSE pudiera considerar propaganda electoral fuera del período autorizado.
El desafío para Raíces será, por tanto, doble: resolver sus desacuerdos internos sin erosionar las estructuras que necesita para completar su formación y manejar su posicionamiento público dentro de las reglas electorales.
Las rupturas en Mixco y Quetzaltenango todavía no determinan el futuro del proyecto, pero sí ponen a prueba uno de sus principales argumentos políticos: demostrar que puede construir una organización territorial cohesionada y diferente a las dinámicas internas que tradicionalmente han debilitado a los partidos guatemaltecos.
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