Guatemala enfrenta un escenario en el que los efectos climáticos comienzan a trasladarse con mayor fuerza hacia la seguridad alimentaria y el costo de vida.
De acuerdo con el análisis de la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), para el período comprendido entre julio y septiembre de 2026 se proyecta que aproximadamente 3.2 millones de personas, el 17% de la población, estarán en Fase 3 o superior de inseguridad alimentaria aguda.
Del total, alrededor de 2 millones 981 mil personas estarían en Fase 3, denominada Crisis, mientras que unas 197 mil se encontrarían en Fase 4, Emergencia. La proyección vincula este deterioro con la posible intensificación de El Niño, la sequía, las afectaciones agrícolas y las presiones sobre los precios de los alimentos y el transporte.
El panorama adquiere una dimensión económica adicional. Johny Gramajo, gerente económico del Banco de Guatemala, explicó que un escenario de El Niño severo podría llevar la inflación hacia el límite superior de la meta del banco central, cercano al 5%. Actualmente, la inflación se sitúa en aproximadamente 2.60%, por debajo del límite inferior de la meta del 3%.
El principal canal de impacto sería el precio de los alimentos. Una menor disponibilidad de agua y una reducción de las cosechas podrían afectar productos fundamentales para el consumo nacional, especialmente maíz y frijol, además de generar efectos en cultivos comerciales como el café.
Las zonas más vulnerables serían aquellas con alta dependencia de la agricultura de subsistencia, particularmente territorios del Corredor Seco y el Altiplano Occidental. La CIF señala que departamentos como Quiché, Huehuetenango, Suchitepéquez, Totonicapán, Chimaltenango, Retalhuleu, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa presentan proporciones importantes de población en Fase 3 o superior.
Alta Verapaz aparece como el único departamento clasificado de manera general en Fase 3, Crisis, para los períodos proyectados, mientras otras regiones muestran niveles elevados de vulnerabilidad relacionados con pobreza persistente, producción agrícola de subsistencia y acceso limitado a servicios básicos.
El riesgo no se limita únicamente a la disponibilidad de alimentos. Si las condiciones secas reducen la oferta agrícola, los hogares podrían enfrentar simultáneamente menores ingresos rurales y precios más altos, aumentando la presión sobre familias que ya destinan una parte importante de sus recursos a alimentación.
A pesar de ese escenario, el Banguat considera que el impacto sobre el crecimiento económico general sería más moderado. Tomando como referencia episodios anteriores de El Niño, una sequía severa podría restar alrededor de 0.1 a 0.2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, mientras la economía mantiene una perspectiva de expansión cercana al 4.4% para este año.
Las instituciones gubernamentales han comenzado a reforzar acciones de asistencia alimentaria, protección social, manejo del agua y atención a comunidades vulnerables. Para el período julio-septiembre también se contempla asistencia humanitaria destinada a unas 416 mil personas en departamentos como Chiquimula, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.
La CIF prevé una mejora moderada entre octubre de 2026 y febrero de 2027, cuando la población en Fase 3 o superior podría disminuir a aproximadamente 2.6 millones de personas, favorecida por las cosechas de fin de año, el empleo agrícola estacional y los ingresos provenientes de remesas.
Sin embargo, la evolución del fenómeno de El Niño durante septiembre y octubre será determinante. Si las condiciones secas se intensifican, el país podría enfrentar simultáneamente una mayor presión sobre cosechas, seguridad alimentaria e inflación, convirtiendo el impacto climático en un problema cada vez más económico y social.
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