El manejo de las plazas dentro del Organismo Judicial (OJ) volvió a quedar bajo la lupa luego de que un documento oficial contradijera la versión que había dado la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Clemen Vanessa Juárez Midence, sobre su relación con las áreas encargadas del personal de la institución, de acuerdo con una investigación periodística.
Según reportes periodísticos, la magistrada había sido señalada anteriormente en una investigación sobre presuntos cobros para conseguir plazas o ascensos dentro del OJ, y ante esos señalamientos negó tener injerencia en la Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación, dos dependencias vinculadas directamente con la gestión del personal. "Mi función es eminentemente jurisdiccional. La Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación no están bajo mi dependencia, por lo que no tengo injerencia en sus procesos técnicos", habría respondido en ese momento.
Sin embargo, un oficio fechado el 30 de julio de 2025 y firmado por el entonces presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema, Teódulo Cifuentes, muestra que Juárez y el magistrado Luis Mauricio Corado Campos sí fueron designados formalmente para intervenir en esa área. En el documento, Cifuentes solicita la colaboración de ambos para "estructurar un diagnóstico en la Gerencia de Recursos Humanos", con el fin de identificar su estructura y funcionamiento e implementar acciones de mejora. El encargo incluía revisar los procedimientos de reclutamiento y selección de personal, la administración de los perfiles de puestos y el inventario de plazas disponibles, y la decisión se habría adoptado sin la aprobación del pleno de los otros 12 magistrados que integran la Corte Suprema.
El hallazgo cobra relevancia porque, según la investigación, tres fuentes vinculadas al área de Recursos Humanos habían señalado previamente que Corado y Juárez tenían bajo su control la Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación, desde donde —de acuerdo con esos testimonios— se gestionaban aspectos relacionados con los nombramientos dentro del Organismo Judicial. Esa investigación también recogió denuncias de trabajadores sobre ofertas de plazas y ascensos a cambio de dinero, así como grabaciones en las que una trabajadora vinculada a Recursos Humanos hablaba con aspirantes sobre la posibilidad de obtener una plaza mediante un pago.
En esa ocasión, Juárez rechazó de forma rotunda cualquier relación con la negociación de plazas y negó haber recibido, solicitado o tenido conocimiento de pagos para nombramientos o ascensos, así como haber recibido o trasladado listados de personas para ocupar puestos. Corado, por su parte, no respondió a las preguntas planteadas sobre su posible participación en la gestión de las plazas.
La relación de ambos magistrados con la Gerencia de Recursos Humanos adquiere, según la misma fuente periodística, una dimensión política dentro de la actual Corte Suprema, ya que forman parte de un bloque de diez magistrados que ha concentrado las principales decisiones del tribunal y que ha sido cuestionado por el nombramiento de magistrados en nuevas Salas de Apelaciones —una facultad que corresponde al Congreso—, por la repartición de nombramientos y traslados de jueces como cuota de poder, y por la negativa a entregar información pública sobre decisiones internas del Organismo Judicial.
Consultada en su momento sobre los señalamientos contra Juárez y Corado, la actual presidenta de la Corte Suprema y del Organismo Judicial, Claudia Paredes, dijo desconocer quiénes eran las fuentes que los vinculaban con la gestión de plazas y sostuvo que cualquier señalamiento debía presentarse ante las autoridades competentes.
El oficio de julio de 2025 añade ahora, de acuerdo con la investigación, un elemento que no figuraba en las respuestas públicas de Juárez: durante la presidencia de Cifuentes, la magistrada sí fue requerida formalmente, junto con Corado, para participar en la intervención sobre la estructura, el funcionamiento y el inventario de plazas de la Gerencia de Recursos Humanos, una designación que se mantendría vigente bajo la presidencia actual de Paredes. Esa contradicción abre una nueva interrogante sobre el alcance real de la participación de los magistrados en una de las áreas más sensibles del Organismo Judicial: la que decide quién entra, asciende y ocupa una plaza dentro de la institución.
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