La Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas avanzó este 8 de septiembre de 2026 en la revisión de las objeciones presentadas contra profesionales que buscan dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) durante el período 2026-2030.
Tras conocer los expedientes, la comisión decidió admitir para trámite 24 de los 25 señalamientos presentados contra distintos aspirantes. La única tacha rechazada fue la planteada contra Nidia Ester Gramajo Castro.
Entre los casos que continuarán bajo análisis se encuentran impedimentos planteados contra los subcontralores Jorge Giovanni Castellanos Gudiel y Élfego Odair Castañón González, quienes han sido señalados por presuntas contrataciones de familiares dentro de la institución. La admisión de los señalamientos no implica que las acusaciones hayan sido comprobadas, sino que serán conocidas dentro del procedimiento correspondiente.
También fueron admitidos cuestionamientos contra Erick Fernando Mazariegos Salas, relacionados con su idoneidad y con documentos presentados para acreditar experiencia profesional, además de referencias a una sanción previa de la Contraloría por incumplimientos laborales.
La postuladora también dio trámite a señalamientos contra Nora Liliana Segura Monzón, relacionados con presuntos incumplimientos de funciones, actuaciones vinculadas a un caso de corrupción y cuestionamientos sobre la entrega de un cargo dentro de la institución. Estos señalamientos deberán ser evaluados y los aspirantes tendrán la oportunidad de presentar los descargos que correspondan.
El proceso para elegir al próximo contralor comenzó con 58 expedientes recibidos. Tras la etapa inicial de revisión y exclusiones, la lista oficial quedó integrada por 40 aspirantes.
La Comisión de Postulación deberá continuar evaluando los perfiles y posteriormente integrar una nómina de seis candidatos, que será remitida al Congreso de la República. Los diputados serán responsables de elegir al próximo Contralor General de Cuentas, para lo cual se requiere el voto favorable de al menos 81 legisladores.
La revisión de tachas constituye una de las fases clave del proceso, ya que permite incorporar cuestionamientos ciudadanos y evaluar aspectos vinculados con la honorabilidad, idoneidad y trayectoria profesional de quienes buscan encabezar la principal institución fiscalizadora del Estado.
Por tratarse de señalamientos en trámite, ninguno de ellos debe considerarse como una determinación de responsabilidad mientras no concluya el procedimiento correspondiente.





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