Horas después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera provisionalmente la ampliación presupuestaria, el Ejecutivo respondió, afirmando que el Congreso tiene la facultad de hacer valer su decisión soberana.
La ampliación de 14,500 millones de quetzales fue suspendida el lunes 26 de agosto, tras la admisión de cinco amparos presentados por Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo; los diputados Sandra Jovel de Viva; Héctor Aldana y Víctor Valenzuela de Vamos; el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer; y el abogado Giovanni Fratti.
La suspensión se basó en cómo se presentó la moción privilegiada que permitió la discusión de la ampliación presupuestaria, argumentando que interrumpió una interpelación, lo cual no está permitido según la Ley Orgánica del Legislativo.
Ante esto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia declaró que, independientemente del contenido de la resolución de la CC, el Congreso tiene el derecho de reafirmar su voluntad y decisión soberana, defendiendo así su apoyo al ajuste del Presupuesto General.
También indicaron que los diputados escucharon la demanda del pueblo que exige progreso a sus representantes y pide acuerdos nacionales para avanzar en el país.
Finalmente, reiteraron que el plan del Ejecutivo, sea cual sea, siempre será buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, una misión que debería unir a todos los representantes.
La respuesta del Ejecutivo fue emitida hasta este martes 27 de agosto, a pesar de que la resolución de la CC se dio a conocer desde el lunes al mediodía.
La @CC_Guatemala otorgó amparo provisional en contra de la ampliación presupuestaria, a través de las acciones promovidas por @RMendezRuiz, la diputada @Sandra_JovelP, los diputados de @PartidoVamosGt y @frattigiovanni @soy_502 pic.twitter.com/bKS8HiLqVr
— Jessica Gramajo (@JessaGramajo) August 26, 2024
Una propuesta polémica
La ampliación presupuestaria de Q14,500 millones ha sido un tema conflictivo desde su inicio. La propuesta, presentada por el Ministerio de Finanzas Públicas, sufrió retrasos que generaron críticas por parte de diversos sectores, quienes argumentaron que no habría tiempo suficiente para ejecutar los nuevos recursos.
Cuando finalmente fue presentada ante el Congreso, la iniciativa enfrentó rechazo por parte de tanques de pensamiento y diputados de oposición, quienes consideraron que la distribución de los recursos tenía tintes políticos, especialmente en relación a los Consejos de Desarrollo.
A pesar de haber recibido un dictamen desfavorable por parte de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, la propuesta fue discutida a través de una moción privilegiada, que la eximió del dictamen y buscó su aprobación con urgencia nacional. Esto sucedió tras un fin de semana de tensiones entre los diputados Luis Aguirre y Allan Rodríguez, quienes protagonizaron un altercado físico por este tema.
Finalmente, la ampliación presupuestaria fue aprobada el 14 de agosto, dando pie a las cinco impugnaciones presentadas por los mencionados diputados, la Fundación contra el Terrorismo, un alcalde y un abogado.
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