El Ministerio Público (MP), bajo la dirección de María Consuelo Porras, archivó dos denuncias por amenazas de muerte e intimidación presentadas por el juez Erick García. Las denuncias fueron interpuestas luego de que el togado denunciara presiones tras ordenar el reingreso a prisión del periodista José Rubén Zamora en marzo pasado.
La Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas concluyó que no fue posible identificar a los autores de las amenazas, según consta en la resolución oficial de una denuncia de 2024 conexada con otra de 2025, a la que tuvo acceso La Hora.
García, quien fungía como juez suplente del Juzgado Segundo Penal, dejó constancia en audio durante una audiencia el 10 de marzo que tanto él como su equipo habían sido objeto de presiones y amenazas por parte de desconocidos.
Sin responsables, sin justicia
Las denuncias también incluían intimidaciones contra el juez Mario Hichos, compañero de García, por su participación en casos sensibles como el que involucra a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes García benefició al revocar una suspensión que consideró ilegal.
Entre las pruebas presentadas figuraban mensajes amenazantes enviados por redes sociales y WhatsApp. Uno de ellos incluía la frase “Erick Daniel, descansa en paz”, atribuida a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), organización que ha promovido denuncias contra jueces, fiscales y periodistas. Su presidente, Ricardo Méndez-Ruiz, figura en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. por corrupción y socavamiento democrático.
La fiscal auxiliar del caso explicó que las diligencias realizadas no permitieron identificar a los responsables. El MP solicitó información a X (antes Twitter), pero no ha recibido respuesta.
García también proporcionó un número telefónico desde el cual recibió amenazas. La empresa de telefonía indicó que dicho número no está vinculado a ninguna persona registrada ni tiene historial válido en los registros oficiales.
La resolución concluye que “no es procedente hacer un requerimiento coercitivo ante juez competente” y ordena el archivo del expediente, aunque deja abierta la posibilidad de reactivarlo si surgen nuevos elementos probatorios.
Traslado a Escuintla
El pasado 27 de junio, una investigación de La Hora reveló que nueve de los trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) definieron el nombramiento de 34 jueces en una sesión extraordinaria celebrada el 3 de abril. Entre los movimientos destaca el traslado de García al Juzgado de Familia de Primera Instancia en Escuintla.
El magistrado Igmaín Galicia Pimentel, de la Cámara de Amparo y Antejuicio, influyó directamente en al menos tres cambios, incluido el de García.
En su lugar fue nombrado el juez José Maximino Morales, a quien la CSJ retiró la inmunidad por presuntos delitos de abuso de autoridad y cohecho pasivo en el caso de Melissa Palacios.
Sin embargo, el proceso penal fue detenido por amparos concedidos por la Corte de Constitucionalidad.
Un patrón de intimidación
La desestimación se enmarca en un patrón de hostigamiento contra operadores de justicia que han conocido casos de alto impacto. Jueces como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano se encuentran en el exilio tras ser perseguidos judicialmente por sus resoluciones en casos de corrupción.
García se sumó a esa lista en enero, cuando el MP solicitó el retiro de su inmunidad por haber favorecido a los magistrados del TSE. La FCT presentó una nueva denuncia en su contra apenas un día después de que hiciera pública su situación de riesgo, acusándolo de no haber reportado oficialmente las amenazas.
En una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), García señaló que “la Fiscalía no ha realizado las mínimas diligencias para identificar a los responsables de las amenazas” y expresó temor de que el MP busque su captura mediante un proceso de retiro de antejuicio.
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