La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió dejar sin efecto la declaratoria de lesividad emitida durante la gestión de la exfiscal general María Consuelo Porras sobre la compra del edificio Gerencial Asunción, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
La resolución, conocida este 12 de noviembre de 2026, representa un cambio en la situación administrativa del inmueble, adquirido por el Ministerio Público (MP) durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana.
Los magistrados declararon con lugar los argumentos presentados por la empresa Bertram, Sociedad Anónima, que cuestionó el procedimiento mediante el cual se había declarado lesivo el contrato de compraventa.
¿Por qué Consuelo Porras declaró lesiva la compra del edificio?
En septiembre de 2020, durante la administración de Consuelo Porras, el Ministerio Público emitió el Acuerdo 32-2020, mediante el cual declaró que la adquisición del inmueble era perjudicial para los intereses de la institución y del Estado de Guatemala.
La decisión se relacionó con señalamientos sobre presuntas irregularidades en la compra del edificio, realizada durante la administración anterior.
El contrato había sido suscrito con Bertram, S. A., como parte de un proceso destinado a contar con instalaciones para el funcionamiento del ente investigador.
La declaratoria de lesividad buscaba abrir la vía legal para dejar sin efecto la contratación.
Sin embargo, la empresa involucrada impugnó la decisión al considerar que no se habían respetado los procedimientos establecidos en la legislación.
Sala determina que no se comprobó perjuicio al Estado
Uno de los aspectos centrales de la resolución es que la Sala no encontró acreditada una lesión jurídica o económica derivada de la compraventa.
Los magistrados señalaron que una declaratoria de lesividad debe estar sustentada en elementos que demuestren un perjuicio real para la institución o para el Estado.
En este caso, la Sala consideró que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que el contrato y el precio acordado hubieran provocado un daño económico.
Asimismo, evaluó las negociaciones previas y la formalización de la escritura pública, concluyendo que no se había demostrado una afectación jurídica derivada de esas actuaciones.
La resolución cuestiona, por lo tanto, los fundamentos utilizados para sostener la declaratoria emitida durante la gestión de Consuelo Porras.
Señalan incumplimientos en el procedimiento administrativo
Además de la falta de pruebas sobre un perjuicio económico o jurídico, la Sala identificó problemas en el procedimiento utilizado para declarar lesiva la contratación.
Entre los aspectos examinados se encuentran la competencia para emitir la declaratoria y la omisión de etapas previstas en la Ley de Contrataciones del Estado.
Según los argumentos presentados por Bertram, S. A., la decisión fue adoptada unilateralmente, sin permitir que la empresa participara adecuadamente en las etapas correspondientes para exponer su posición.
Los magistrados consideraron que debían respetarse los mecanismos de audiencia y conciliación aplicables.
Estas circunstancias fueron determinantes para resolver a favor de la empresa y dejar sin efecto el acuerdo administrativo.
El Ministerio Público podrá decidir sobre el edificio
Como consecuencia de la resolución, el edificio Gerencial Asunción queda a disposición del Ministerio Público, que podrá determinar el uso que considere apropiado para sus instalaciones.
Esto abre la posibilidad de aprovechar el inmueble para actividades administrativas o institucionales, de acuerdo con las necesidades del ente investigador.
La decisión judicial elimina el efecto de la declaratoria de lesividad que había cuestionado la contratación durante varios años.
Sin embargo, la resolución no equivale por sí misma a una decisión definitiva sobre todas las responsabilidades penales investigadas en torno a la adquisición del inmueble.
Es importante distinguir entre el procedimiento administrativo relacionado con la validez del contrato y los procesos penales derivados de posibles irregularidades.
Una compra realizada durante la administración de Thelma Aldana
La adquisición del edificio se remonta a la gestión de Thelma Aldana al frente del Ministerio Público.
El inmueble fue comprado en 2017, mediante una operación cuyo valor se situó alrededor de Q35 millones.
Posteriormente, durante la administración de Consuelo Porras, se iniciaron actuaciones para investigar presuntas anomalías relacionadas con el procedimiento de compra y el precio del inmueble.
La controversia dio lugar a investigaciones contra personas que participaron en distintas etapas de la adquisición.
Estos procedimientos generaron un debate sobre las valoraciones utilizadas para determinar el precio, las condiciones del contrato y el cumplimiento de los requisitos legales.
El caso también ha tenido consecuencias penales
De manera paralela a la discusión administrativa, la compra del edificio dio origen a un expediente penal contra personas señaladas por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la adquisición.
Durante el proceso se han desarrollado diferentes audiencias y resoluciones judiciales.
La existencia de este expediente es independiente de la decisión de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre la declaratoria de lesividad.
Por ello, corresponde a los tribunales competentes determinar la situación jurídica de cada persona investigada, conforme a las pruebas incorporadas en los respectivos procedimientos.
Las personas procesadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Una resolución relevante para la administración del MP
La anulación del acuerdo emitido durante la gestión de Consuelo Porras representa un cambio importante en la controversia administrativa sobre el edificio de la zona 5.
La decisión establece que no se acreditaron los perjuicios invocados para declarar lesiva la compraventa y que el procedimiento utilizado no cumplió con las exigencias legales correspondientes.
Con ello, el Ministerio Público podrá evaluar nuevamente el aprovechamiento de un inmueble adquirido para sus necesidades institucionales.
La resolución también destaca la importancia de que las decisiones administrativas relacionadas con contratos públicos estén debidamente fundamentadas y respeten los procedimientos legales.
Después de seis años de controversia, la declaratoria de lesividad sobre el edificio Gerencial Asunción quedó sin efecto, dejando en manos del Ministerio Público la decisión sobre su utilización.
El seguimiento a las actuaciones administrativas y judiciales pendientes permitirá conocer las consecuencias definitivas de esta resolución para la institución y para las personas vinculadas con el caso.
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