El Organismo Judicial contrató a un trabajador ligado a un proceso penal por chantaje para revisar expedientes de licitación

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió en días recientes un memorial presentado por un abogado en nombre de una empresa farmacéutica, en el que se denuncia una posible contratación anómala dentro del personal administrativo del Organismo Judicial (OJ), luego de que se conociera que uno de los trabajadores contratados tenía un proceso penal abierto que podría comprometer el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con una investigación periodística.

Según reportes periodísticos, a finales de mayo pasado el OJ contrató a José Orlando Ruiz Coronado para revisar expedientes de adquisiciones trasladados a la Gerencia General, con funciones que incluían trámites de aprobación de bases, solicitud de dictámenes, nombramiento de juntas y comisiones, aprobación de modificaciones, revisión y suscripción de contratos, y aprobación de liquidaciones desde el ámbito financiero, entre otras responsabilidades. Sin embargo, el memorial señala que, una semana antes de esa contratación, Ruiz Coronado había sido ligado a proceso penal por el delito de chantaje, y que el Ministerio Público (MP) recibió además la orden de investigar una posible comisión del delito de amenazas.

De acuerdo con la denuncia, el caso se originó en 2023, cuando la farmacéutica denunció la extracción de fondos de la empresa y un supuesto intento de chantaje contra personeros de la entidad. En enero de este año, el juzgado correspondiente en Villa Nueva realizó la audiencia de primera declaración contra Ruiz Coronado, señalado por los delitos de hurto agravado y chantaje; según la denuncia, habría tomado sin autorización Q503 mil 824 de la empresa y, tras ser despedido, habría amenazado con revelar información sensible si no se depositaban Q350 mil en una cuenta bancaria que, según la investigación del MP, pertenecía a una mujer previamente condenada por prestar cuentas bancarias para actos de extorsión. Pese a la existencia de mensajes de WhatsApp atribuidos a Ruiz Coronado, el juez de primera instancia decidió en ese momento dictar falta de mérito por ambos delitos.

La situación cambió el 21 de mayo, cuando la Sala Cuarta de Apelaciones Penal aceptó parcialmente la apelación presentada por los querellantes: los magistrados consideraron que no correspondía ligar a proceso a Ruiz Coronado por hurto agravado, debido a un documento firmado por él en el que se comprometía a devolver el dinero, pero sí encontraron indicios suficientes para ligarlo a proceso por chantaje. Pese a esa resolución, el OJ formalizó el contrato de prestación de servicios con Ruiz Coronado apenas una semana después, el 28 de mayo. Los requisitos establecidos en las convocatorias del OJ exigen a los aspirantes presentar constancias laborales de todos los lugares donde hayan trabajado, con el puesto desempeñado y la razón de la finalización de cada relación laboral.

El cumplimiento formal de la resolución de la Sala tardó aproximadamente tres meses: fue hasta el 17 de agosto que el juez Marvin Cermeño ligó a proceso a Ruiz Coronado por el delito de chantaje. El MP solicitó en esa audiencia que se dictara prisión preventiva en su contra, al considerar que existían indicios de posibles amenazas provenientes de un número telefónico bajo investigación, pero el juez le otorgó medidas sustitutivas: arresto domiciliario, arraigo, prohibición de acercarse a la farmacéutica y a las personas involucradas, obligación de firmar libro de asistencia y una caución económica de Q20 mil. El juez ordenó además que la resolución fuera informada a la Unidad de Recursos Humanos del OJ, y pidió al MP iniciar una investigación adicional sobre las presuntas amenazas. El Juzgado de Villa Nueva tiene prevista para el 12 de enero de 2027 la audiencia de etapa intermedia que definirá si Ruiz Coronado enfrenta juicio por chantaje.

Consultado sobre el actuar del organismo frente a esta situación, el vocero del OJ, Rudy Esquivel, informó —tras varios días de espera— que las autoridades aseguran que Ruiz Coronado ya no labora para la institución, aunque no se precisaron los motivos ni si se trató de una rescisión de contrato o una decisión propia del trabajador; según Esquivel, ese detalle debería solicitarse a la Unidad de Acceso a la Información. Sin embargo, de acuerdo con los registros de Guatecompras consultados por la investigación, el contrato entre Ruiz Coronado y el OJ continuaría vigente.