El sector económico del país advirtió que los bloqueos de carreteras que se mantienen en distintos puntos de Guatemala ponen en riesgo alrededor de US$150 millones, equivalentes a Q1,149 millones, en mercancías que diariamente ingresan o salen del país por las aduanas.
Según el Observatorio de Políticas Industriales de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), ese monto corresponde al valor de las importaciones y exportaciones que transitan a diario por los puntos aduaneros del país, y advirtió además que el impacto podría trasladarse a las finanzas públicas: por cada día de paralización, la recaudación tributaria aduanera podría reducirse en aproximadamente Q100 millones. La Cámara señaló que a estas cifras deben sumarse las pérdidas de productividad derivadas de las dificultades para movilizar tanto personas como mercancías.
La CIG manifestó su rechazo a los bloqueos y reconoció que el incremento en los precios de los combustibles genera presión sobre la cadena productiva, pero sostuvo que impedir la libre circulación "profundiza las consecuencias económicas" para trabajadores, familias y empresas.
Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) también elevó su llamado a las autoridades tras varios días consecutivos de bloqueos, y aseguró que hay ciudadanos que han permanecido varados hasta 24 horas en algunos puntos del país. La organización advirtió que la situación afecta cadenas completas de producción y distribución, pone en riesgo productos perecederos y compromete el cumplimiento de contratos comerciales, generando costos que terminan siendo asumidos por trabajadores, consumidores y empresas. Agexport pidió aplicar la ley, liberar el paso y garantizar la continuidad de los corredores estratégicos del país, al considerar que
Guatemala no puede estar paralizada"
La Cámara de Comercio de Guatemala se sumó a los pronunciamientos y afirmó que los bloqueos generan "pobreza, miseria y anarquía", señalando específicamente los cierres registrados en la CA-9 Norte, en Río Hondo, Zacapa, y en la CA-2 Occidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez. La entidad exigió a las autoridades actuar de inmediato, utilizar la fuerza pública para liberar las carreteras, identificar a los responsables y proceder con las acciones legales correspondientes contra los autores materiales e intelectuales de los bloqueos.





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