La presidenta de la Corte Suprema evade confirmar si ya denunció la venta de plazas en el Organismo Judicial, pese a la orden del pleno

 

     

 

Los magistrados acordaron el 2 de septiembre, con efecto inmediato, presentar una denuncia penal por la presunta venta de puestos y ascensos dentro de la institución, pero el Organismo Judicial no ha confirmado si Claudia Paredes cumplió esa decisión, según una investigación periodística.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió el 2 de septiembre que el Organismo Judicial (OJ) presentara una denuncia penal por la presunta venta de plazas y ascensos dentro de la institución, luego de que se conociera una segunda investigación periodística sobre el cobro de dinero a una aspirante a cambio de un puesto de trabajo. Sin embargo, más de una semana después, el Organismo Judicial no ha confirmado si esa decisión fue cumplida, de acuerdo con una investigación periodística.

Según reportes periodísticos, el acuerdo del pleno de magistrados fue explícito: la Asesoría Jurídica debía actuar en representación del Organismo Judicial, como parte agraviada, y presentar una denuncia penal por la posible comisión de hechos ilícitos, con carácter de efecto inmediato. Pese a esa contundencia, las consultas planteadas desde el 4 de septiembre a la Secretaría de Comunicación Social del Organismo Judicial, a cargo de Alisha Moguel, sobre si la denuncia ya había sido presentada, se han repetido durante varios días sin obtener una respuesta concreta; la última respuesta recibida fue únicamente:

Muy buenas tardes, se procesarán (las consultas) con gusto".

La decisión de denunciar llegó luego de que se publicaran dos investigaciones sobre un presunto mecanismo para obtener plazas y ascensos dentro del Organismo Judicial mediante pagos, recomendaciones políticas y la intervención de personas vinculadas al sindicato. La primera, publicada el 24 de agosto, documentó una conversación en la que una trabajadora vinculada a Recursos Humanos ofrecía a un aspirante una plaza presupuestada a cambio de dinero. Dos días después, el Ministerio Público (MP), a cargo del fiscal general Gabriel García Luna, anunció que había abierto de oficio una investigación por la presunta venta de plazas y ascensos, asignada a la Fiscalía contra la Corrupción.

La segunda publicación, del 2 de septiembre, volvió a registrar la voz de la misma trabajadora de Recursos Humanos, esta vez en una conversación con una aspirante que realizaba una pasantía, a quien se le planteó la posibilidad de quedarse laborando en el Organismo Judicial a cambio de un pago equivalente a un salario, la mitad de inmediato y la otra mitad tras el primer pago recibido, según lo documentado. Ese mismo día, durante la sesión del pleno, el magistrado Estuardo Cárdenas puso el asunto sobre la mesa y, según fuentes de la presidencia de la Corte, propuso que el Organismo Judicial presentara una denuncia; la propuesta fue aprobada por el pleno.

La decisión se adoptó mientras Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema y del Organismo Judicial, se encontraba de vacaciones; durante su ausencia, la Corte era presidida en funciones por el vocal I, Carlos Lucero. Según fuentes internas citadas por la investigación, tras la aprobación de la denuncia se informó al pleno que Paredes había decidido cancelar sus vacaciones y retomar sus funciones al día siguiente, pese a que su regreso estaba previsto hasta el domingo.

La situación coloca a la presidenta de la Corte frente a una decisión adoptada por el propio pleno que preside: trasladar los señalamientos sobre una posible red de venta de plazas al MP, único ente encargado de la persecución penal. La demora en confirmar el cumplimiento de esa orden cobra relevancia particular porque el propio Organismo Judicial aparece como la institución que podría resultar agraviada por los hechos investigados. La denuncia que los magistrados ordenaron presentar se sumaría a la investigación que el MP ya abrió de oficio, sustentada —según la investigación periodística— en grabaciones y entrevistas con 15 trabajadores y funcionarios judiciales, tres de los cuales aseguraron haber recibido directamente ofertas para obtener plazas o ascensos a cambio de dinero, con montos que llegaron hasta Q80 mil.

Hasta el cierre de esta nota, la pregunta sobre si ya se presentó la denuncia penal que el pleno de la Corte Suprema ordenó con efecto inmediato permanece sin respuesta oficial por parte de la Secretaría de Comunicación Social del Organismo Judicial.

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