La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ocupa uno de los espacios más importantes dentro del sistema democrático del país. Sus decisiones pueden definir el rumbo de asuntos fundamentales para el Estado de derecho, la institucionalidad y la vida política nacional.
Para Marco Antonio Sagastume Gemmell, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), el problema no está necesariamente en la existencia de las instituciones, sino en las personas que llegan a dirigirlas y en las presiones que pueden rodear sus decisiones.
En su reflexión titulada “La CC de Guatemala”, Sagastume recuerda que instituciones como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos tienen una razón de ser dentro del ordenamiento jurídico y fueron concebidas para fortalecer la democracia y limitar los abusos de poder.
Desde su perspectiva, cuando estas instituciones dejan de responder con independencia y empiezan a verse condicionadas por intereses políticos, la confianza ciudadana se debilita.
El autor insiste en una idea central: las instituciones no necesariamente han fallado; han fallado quienes han ocupado determinados cargos dentro de ellas.
Esa diferencia, asegura, es fundamental.
Eliminar una institución porque sus autoridades han tomado decisiones cuestionadas sería, en su opinión, atacar la estructura en lugar de corregir el origen del problema.
Sagastume también recuerda distintas experiencias vinculadas con la vida institucional del país, entre ellas debates sobre la integración de la Corte de Constitucionalidad, la permanencia de magistrados en sus cargos y decisiones que generaron controversia política.
A partir de esos antecedentes, plantea que algunas resoluciones pueden quedar expuestas a presiones internas o externas, algo que considera especialmente grave cuando se trata de una institución encargada de proteger el orden constitucional.
La preocupación, señala, no debe limitarse únicamente a una resolución concreta.
El problema más profundo aparece cuando una parte de la población comienza a percibir que las decisiones judiciales o constitucionales pueden responder a intereses políticos y no exclusivamente a criterios jurídicos.
Cuando eso sucede, se afecta algo esencial para cualquier democracia: la confianza en las instituciones.
Sin embargo, Sagastume también rechaza la idea de eliminar a la Corte de Constitucionalidad del ordenamiento jurídico guatemalteco.
Su planteamiento es diferente.
Considera que la solución debe construirse desde el Congreso de la República, mediante reformas que fortalezcan los procesos de elección, reduzcan los espacios de negociación política y permitan que las personas más idóneas lleguen a ocupar los cargos públicos.
Pero también reconoce una dificultad: mientras el sistema político continúe dominado por intereses partidarios, económicos o personales, cualquier transformación profunda será difícil.
Por eso su reflexión termina trasladando una parte importante de la responsabilidad a la ciudadanía.
Cada elección representa una oportunidad para decidir qué tipo de personas llegan al Congreso, a las municipalidades y posteriormente a las instituciones encargadas de dirigir y fiscalizar al Estado.
El voto, recuerda, no debería ser una decisión automática ni basada únicamente en propaganda, partidos o promesas.
Debe ser una decisión informada.
Porque las personas electas hoy pueden terminar teniendo influencia directa sobre las instituciones que mañana deberán defender la Constitución y la democracia.
Sagastume plantea que el futuro político de Guatemala será complejo, pero no necesariamente irreversible.
La ciudadanía todavía tiene una herramienta fundamental: el voto responsable.
Para el autor, cambiar el rumbo del país no significa destruir sus instituciones.
Significa exigir que quienes lleguen a ellas comprendan la responsabilidad que tienen frente a la Constitución, la justicia y los ciudadanos.
Porque una democracia no se fortalece eliminando instituciones.
Se fortalece logrando que funcionen con independencia, transparencia y respeto al Estado de derecho.
Marco Antonio Sagastume Gemmell
Reflexión | Maro Magazine
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