Cada vez que inicia una legislatura, los 160 diputados tienen derecho a conformar un equipo de confianza contratado bajo el renglón 022, que cubre puestos como asesores, asistentes o secretarias. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) les reconoce todas las prestaciones laborales, pero también establece que esas plazas son temporales.
En teoría, esos puestos están ligados al cargo del diputado o al funcionamiento de una comisión de trabajo. Sin embargo, un informe de la Alianza por un Congreso Eficiente, que alertó sobre el crecimiento de ese tipo de contrataciones desde 2016, expuso otra realidad: buena parte de esos trabajadores ha vuelto al organismo por orden de los tribunales, tras presentar demandas laborales.
Consultado sobre el tema, el presidente del Congreso, Luis Contreras, no cuestionó los datos del informe. Explicó que el Legislativo permaneció emplazado judicialmente desde 2016, lo que le impedía terminar la relación laboral de trabajadores temporales sin exponerse a procesos judiciales. Como resultado, numerosos extrabajadores demandaron su reinstalación y los tribunales les dieron la razón.
Según Contreras, desde 2016 se ha debido reinstalar a 316 trabajadores, y existen demandas pendientes que podrían derivar en 350 plazas adicionales bajo el renglón 022 si prosperan.
Pagos millonarios por salarios caídos
El funcionario indicó que este fenómeno le ha costado al Congreso más de Q100 millones en salarios caídos y reinstalaciones desde 2016, de los cuales Q35 millones se han desembolsado solo este año. Como ejemplo, mencionó un grupo reciente de resoluciones que representa un desembolso de unos Q5 millones para cinco trabajadores reinstalados, a razón de aproximadamente Q1 millón cada uno.
Contreras señaló que existe además una lista de al menos 15 personas que habrían recibido montos similares y permanecen activas en el organismo, aunque evitó dar nombres. Según el Portal de Transparencia del Congreso, los salarios del personal 022 oscilan entre Q8 mil y Q22 mil mensuales, monto que se toma como base para calcular los salarios dejados de percibir en cada reinstalación.
Cortesía: Prensa Libre
De acuerdo con el informe de la Alianza por un Congreso Eficiente, el número de trabajadores contratados bajo el renglón 022 pasó de 991 en mayo de 2025 a 1,142 en el mismo mes de este año, un incremento de 151 plazas. En una década, el alza acumulada es del 93%, al pasar de 591 empleados en 2016 a la cifra actual. El informe advierte además que 580 de esas personas realizan funciones que corresponderían a puestos fijos (renglón 011), concentrados principalmente en la Dirección Administrativa, la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos.
Un pacto para frenar las demandas
Contreras atribuyó parte de la solución a la reciente firma de un pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), que —según explicó— permitió levantar el emplazamiento judicial que pesaba sobre el parlamento desde 2016. A partir de ahora, dijo, cuando un contrato 022 concluya, se notificará al trabajador, se le pagará su liquidación y se firmará un finiquito, con el objetivo de evitar futuras demandas por reinstalación.
El presidente del Congreso defendió además el pacto con el sindicato, que había sido cuestionado por los beneficios económicos que concede. Aseguró que el sindicato buscaba inicialmente mejoras por Q37 millones, pero la negociación cerró en un impacto cercano a Q7 millones, lo que —según dijo— evitó un arbitraje potencialmente más costoso para el Estado.
Este patrón no es exclusivo del Congreso: casos similares se han documentado en otras dependencias del Estado, donde contratos temporales han derivado en millonarios pagos por sentencias laborales y reinstalaciones ordenadas por los tribunales. El año pasado, según registros oficiales, el Estado erogó más de Q724 millones por demandas de esa naturaleza.
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