El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) autorizó este 30 de septiembre de 2026 a su Dirección de Asuntos Jurídicos para emprender las acciones legales que considere correspondientes por las diligencias realizadas recientemente por el Ministerio Público dentro del campus central.
La decisión surge después de que el equipo jurídico de la universidad analizara el procedimiento desarrollado por la Fiscalía contra la Corrupción, en una investigación relacionada con estudiantes que denunciaron problemas con sus registros académicos.
De acuerdo con la postura de la Usac, durante el allanamiento pudieron haberse producido extralimitaciones u omisiones en la aplicación de disposiciones legales, por lo que la Dirección de Asuntos Jurídicos plantea la posibilidad de que exista un presunto abuso de autoridad. Esta valoración corresponde a la universidad y deberá ser determinada por las instancias competentes.
La casa de estudios también informó que el Departamento de Registro y Estadística había solucionado 23 de los 25 casos de expedientes estudiantiles incompletos, luego de contactar a los alumnos involucrados dentro de un proceso que la institución describe como rutinario para verificar documentación.
Según la universidad, nueve estudiantes presentaron denuncias penales, aunque sostiene que esas personas mantienen vigente su inscripción y su derecho a continuar con sus estudios superiores.
El conflicto se originó tras las diligencias realizadas los 18 y 19 de septiembre, cuando fiscales ingresaron al campus central para buscar información relacionada con estudiantes que denunciaron la desaparición de sus registros dentro del sistema universitario. El MP posteriormente afirmó que el procedimiento permitió resguardar información y secuestrar evidencia vinculada con la investigación.
La Universidad de San Carlos ha cuestionado desde entonces distintos aspectos de la operación, entre ellos el alcance de la orden judicial y la forma en que se desarrollaron las diligencias, mientras el Ministerio Público ha defendido que sus fiscales actuaron bajo autorización judicial.
Con la autorización emitida por el CSU, corresponderá ahora a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac determinar qué recursos, denuncias o acciones promoverá ante las autoridades.
El caso mantiene posiciones distintas entre ambas instituciones y será responsabilidad de los órganos jurisdiccionales competentes establecer si existieron irregularidades durante el procedimiento y si se deriva alguna responsabilidad legal de las actuaciones realizadas.
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