En 1985, Guatemala abrió una nueva etapa de su historia política. La promulgación de la Constitución y las elecciones generales de ese año marcaron la transición hacia el actual período democrático, luego de años de gobiernos militares. La nueva Constitución entró en vigencia el 14 de enero de 1986, cuando comenzó formalmente esa nueva etapa institucional.
Desde mi perspectiva, muchas de las promesas de aquel nuevo comienzo quedaron atrapadas entre intereses económicos, políticos y particulares. La libertad de expresión existe como derecho, pero eso no significa que el periodismo haya estado libre de presiones. Los intereses empresariales, políticos y económicos han condicionado, en distintos momentos, la discusión pública y la manera en que los ciudadanos reciben información.
Y mientras discutimos quién manda, quién gobernó peor o quién se benefició más, Guatemala continúa arrastrando problemas que cualquier ciudadano puede observar todos los días: carencias en educación, salud, infraestructura, nutrición y acceso a oportunidades.
Entonces aparece la pregunta más sencilla y, al mismo tiempo, la más incómoda:
¿Quién tiene la culpa?
¿Los presidentes que han pasado por Casa Presidencial? ¿Los funcionarios que utilizaron el Estado para favorecer intereses particulares? ¿Los grupos económicos que históricamente han buscado conservar espacios de poder? ¿Los partidos políticos? ¿Las instituciones?
Sería sencillo escoger un nombre.
Decir que fue Jimmy Morales. Que fue Alejandro Giammattei. Que fue Vinicio Cerezo. Que fue este o aquel gobierno.
Pero hacerlo sería demasiado cómodo.
Porque existe otra responsabilidad que pocas veces queremos asumir: la nuestra como ciudadanos.
También somos responsables cuando decidimos no votar porque creemos que “todos son iguales”. Somos responsables cuando cambiamos nuestra decisión por una bolsa de alimentos, una lámina, una promesa o un favor temporal. Somos responsables cuando elegimos sin investigar quién es el candidato, qué ha hecho, quién lo acompaña y qué intereses representa.
La democracia no termina cuando colocamos una papeleta dentro de una urna.
Ahí comienza.
El ciudadano también tiene la responsabilidad de fiscalizar, preguntar, exigir cuentas y recordar que ningún funcionario llega al poder como dueño del Estado. Llega como administrador temporal de algo que pertenece a todos.
Guatemala todavía tiene una oportunidad.
Dentro del próximo proceso electoral volveremos a escuchar discursos, promesas y soluciones aparentemente sencillas para problemas que llevan décadas acumulándose. Habrá candidatos que intentarán convencernos de que ellos tienen todas las respuestas.
Nuestra tarea debería ser distinta: estudiarlos, cuestionarlos y conocerlos antes de decidir.
No desperdiciemos la democracia simplemente porque nos ha decepcionado. Una democracia imperfecta no se corrige abandonándola, sino participando con mayor responsabilidad.
Quizá ningún presidente pueda cambiar Guatemala por sí solo. Quizá tampoco exista un candidato capaz de resolver en cuatro años problemas construidos durante generaciones.
Pero millones de ciudadanos tomando decisiones más conscientes sí pueden comenzar a cambiar el rumbo.
Así que cuando volvamos a preguntarnos:
¿Quién tiene la culpa de cómo está Guatemala?
Antes de señalar únicamente hacia arriba, quizá también deberíamos mirarnos al espejo.
Porque los gobiernos pasan, los políticos cambian y los discursos se renuevan.
Pero el voto sigue estando en nuestras manos.
Marlon Rosales
Detrás del escritorio
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