El abogado y analista político Édgar Ortiz, integrante del movimiento Poder Ciudadano, se pronunció sobre las amenazas y los actos de intimidación que, según denunció, han afectado a los impulsores de una propuesta ciudadana para reformar el sistema de justicia en Guatemala.
La organización presentó ante el Congreso de la República una iniciativa de reformas constitucionales respaldada por aproximadamente 16,500 firmas ciudadanas, con el propósito de promover cambios en el funcionamiento y la independencia del sistema judicial.
Sin embargo, Ortiz aseguró que durante el desarrollo de esta iniciativa él y otros integrantes del movimiento comenzaron a enfrentar situaciones de vigilancia, seguimientos y amenazas que generaron preocupación por su seguridad.
Amenazas obligaron a suspender actividades
De acuerdo con las declaraciones de Édgar Ortiz, las intimidaciones alcanzaron un nivel que llevó a la organización a cancelar algunas actividades de recolección de firmas y encuentros con ciudadanos.
Entre las actividades suspendidas se encontraba un Congreso Ciudadano, programado para el 31 de octubre.
Ortiz señaló que estas decisiones respondieron a la necesidad de proteger a los participantes, voluntarios e integrantes de la organización.
Las denuncias también involucran situaciones de intimidación contra personas cercanas a los promotores del movimiento.
Las amenazas denunciadas no han sido atribuidas judicialmente a responsables específicos, por lo que corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Más de 16 mil firmas respaldaron la propuesta
Uno de los principales objetivos de Poder Ciudadano es impulsar modificaciones constitucionales relacionadas con el sistema de justicia guatemalteco.
La organización presentó una propuesta respaldada por aproximadamente 16,500 ciudadanos, superando el mínimo de 5,000 firmas requerido para promover una iniciativa ciudadana mediante el mecanismo correspondiente.
Entre los planteamientos de la propuesta se encuentran modificaciones a los procedimientos de elección de autoridades judiciales y cambios destinados a fortalecer la independencia de los tribunales.
Es importante aclarar que las firmas presentadas ante el Congreso no fueron retiradas. Lo que se suspendió, según las denuncias conocidas, fueron determinadas actividades públicas y de recolección de apoyos por motivos de seguridad.
Reacciones ante las denuncias
Las declaraciones de Ortiz generaron reacciones de distintos sectores.
El presidente Bernardo Arévalo expresó públicamente su rechazo a las amenazas denunciadas contra Édgar Ortiz y Marjorie von Ahn, también impulsora de Poder Ciudadano.
Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala manifestó preocupación por los señalamientos de intimidación.
Estos pronunciamientos se produjeron en medio del debate nacional sobre la independencia judicial, la participación ciudadana y la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes promueven iniciativas públicas.
Participación ciudadana y reformas a la justicia
La situación denunciada por Poder Ciudadano ha abierto nuevamente la discusión sobre las garantías necesarias para ejercer el derecho a participar en asuntos de interés público.
La presentación de iniciativas ciudadanas constituye uno de los mecanismos mediante los cuales la población puede involucrarse en la discusión de reformas legales y constitucionales.
Por ello, las denuncias de amenazas y seguimientos plantean la necesidad de garantizar la seguridad de quienes participan en estos procesos, independientemente de sus posiciones políticas.
Édgar Ortiz ha manifestado que Poder Ciudadano mantiene su intención de continuar promoviendo reformas al sistema de justicia, pese a las dificultades de seguridad denunciadas.
El seguimiento de las investigaciones y del trámite legislativo permitirá conocer tanto el avance de la propuesta constitucional como las respuestas institucionales ante las denuncias de intimidación.
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