La alianza opositora aprobó la Ley Codedes sin conocer el veto presidencial, alegando que no había entrado en vigencia. Constitucionalistas advierten que la maniobra podría ser anulada.

La apelación fue rechazada. La jueza Carol Berganza mantiene la acusación por asesinato. El expediente sigue incompleto y la audiencia de pruebas está pendiente.