TSE suspende al Partido Verde tras reclamo de la UNE

 

 

La agrupación liderada por Delia Bac quedó inhabilitada luego de que Sandra Torres denunciara similitudes en emblemas y nombres.

Un nuevo conflicto político se abrió en medio de los preparativos para las elecciones generales de 2027. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió provisionalmente al Partido Verde Guatemalteco, encabezado por la exdiputada Delia Bac y sus hijos, tras un amparo promovido por la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

La resolución fue notificada el 21 de octubre en la sede de la agrupación en zona 2 capitalina, cuatro días después de que el Registro de Ciudadanos resolviera la suspensión. Mientras dure la medida, el partido no podrá realizar ninguna actividad política.

Torres argumentó ante la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que la inscripción del Partido Verde representaba una “amenaza inminente” por la similitud de emblemas y nombres, lo que vulneraría los derechos de la UNE.

Según registros del TSE, el símbolo del Partido Verde es una mano verde con dos dedos levantados sobre fondo blanco, mientras que el emblema de la UNE son dos manos blancas unidas formando un ave sobre fondo verde.

Hasta ahora, Bac no ha apelado la resolución ni ha propuesto un nuevo nombre o logo para su agrupación.

Los medios intentaron obtener la postura de la dirigencia del Partido Verde, pero no hubo pronunciamiento. Eva Monte, hija de Bac, evitó hablar del tema. El equipo de Relaciones Públicas de Torres informó que la expresidenciable estaba atendiendo compromisos y no dio declaraciones.

El Partido Verde inició su proceso de inscripción en 2020 y fue constituido formalmente en 2024. Para septiembre de este año contaba con 26,812 afiliados.

Su comité ejecutivo incluía a Bac, sus hijos y exdiputados como Rubén Salvador Mazariegos y Rodolfo Moisés Castañón. También figuraba Gloria Torres Casanova, hermana de Sandra Torres.

Delia Bac fue diputada por Chimaltenango entre 2008 y 2020, militando en UNE, Lider y Acción Ciudadana. En 2020 enfrentó un proceso por presuntamente influir en la inversión de Q1.9 millones en una carretera hacia un spa de su propiedad en Sumpango, Sacatepéquez.

El Ministerio Público la señaló de concusión, aunque el caso se ha detenido en varias ocasiones por acciones legales de su defensa.

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