El director del Hospital Roosevelt, Luis Arturo Chávez Velásquez, reveló que en marzo se interpusieron denuncias ante el Ministerio Público (MP) contra dos empresas, Urbanizaciones y Construcciones Urízar (Urbacorza) y Constructora Bersady, por irregularidades en 68 contratos que presuntamente no se ejecutaron. Las denuncias están relacionadas con trabajos de ingeniería y mantenimiento, incluyendo remozamientos y construcciones.
Chávez explicó que se encontraron sobrecostos en los servicios, facturas falsas y trabajos no realizados.
Los contratos, cada uno valorado entre Q85 mil y Q90 mil, suman aproximadamente Q6.1 millones.
La investigación interna está en curso para evaluar todos los servicios ligados a estas empresas.
Las empresas denunciadas están bajo el nombre de sus propietarios, Yesica Paola y Carlos Misael Sical Urízar.
Según Guatecompras, Yesica ha prestado servicios al Estado desde 2014, pero en 2023, recibió contratos por un total de Q19.3 millones.
Mientras tanto, Bersady obtuvo Q4.5 millones en contratos entre agosto y noviembre de 2023.
Otros contratos bajo revisión son los otorgados a Douglas Espinales Baños de la empresa Espiba, quien también está siendo investigado por corrupción. Espinales Baños recibió Q4.1 millones en contratos durante la gestión anterior.
La Hora constató que muchos de los trabajos adjudicados no fueron finalizados, como el mantenimiento del parqueo de médicos, donde solo se trabajó en una parte y el resto quedó sin atender. También se han reportado contratos por obras ya existentes que fueron pagadas.
Los contratos, todos por menos de Q90 mil, podrían implicar un fraccionamiento de compras. En respuesta, el director del hospital ha removido a varios altos funcionarios y ha implementado nuevos filtros de control para evitar futuros actos de corrupción.
Yesica Paola Sical Urízar, al ser consultada, defendió su empresa, alegando que la situación es “política” y que no ha recibido respuesta para realizar trabajos pendientes. Aseguró que han cumplido con todos los requisitos para prestar sus servicios y que tienen documentación que respalda su labor.
El MP confirmó que hay una investigación en curso derivada de una denuncia presentada en abril por la diputada Evelyn Morataya, indicando que las adjudicaciones irregulares podrían ascender a Q44 millones.
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