Un hombre que está acostumbrado a tener dinero facil, quién ha sido detenido por la Policía Nacional Civil -PNC- en 18 ocasiones por el robo de vehículos, ha sido apresado por décimo novena vez porque el sistema de justicia no le ha podido demostrar las acusaciones y los operadores de justicia lo han tenido que dejar libre en reiteradas ocasiones.
Esto se debe, presuntamente, porque nadie se presenta a denunciar al apresado. No hay cultura de denuncia, entonces los jueces no pueden procesarlo y ordenar el arresto preventivo de este hombre que vive afectando a personas trabajadoras, quienes han sido despojados de sus automotores, los cuales les sirven para trabajar.
El sujeto fué sorprendido con otro vehículo con reporte de robo en el municipio de San Lucas Tolimán, Sololá este fin de semana. Incluso en la la estación de Escuintla hay dos vehículos más que le fueron decomisados al ahora aprehendido.
La pregunta de rigor es: ¿Quién tendrá la responsabilidad de que esto suceda en Guatemala? ¿Será que es la PNC, el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia? ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia -CSJ- para corregir estos casos y que no sigan liberando presuntos delincuentes?
Muchos pensaran que pasa con la justicia Guatemalteca, la policía hace su trabajo y los Fiscales del MP y jueces liberan a los delincuentes. O bien tenemos una cadena de justicia deficiente, que los delincuentes conocen las falencias y así logran evadir el castigo de la Ley.
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