Propuesta oficialista para agilizar inversión pública genera rechazo por riesgos de corrupción

 

 

Analistas y sectores empresariales advierten que la Iniciativa 6576 relaja controles clave, repite errores del pasado y podría abrir la puerta a contrataciones opacas.

Presentación de la iniciativa

Durante la 11ª Sesión Extraordinaria del Congreso, los diputados oficialistas José Carlos Sanabria Arias y Mirna Victoria Godoy Palala, del partido Movimiento Semilla, presentaron la Iniciativa 6576: Ley de Agilización de la Inversión Pública. La propuesta busca acelerar la ejecución de proyectos en sectores como salud, educación, seguridad, cultura y agua.

Entre sus puntos más polémicos, la iniciativa permitiría contrataciones directas sin licitación, convenios con organismos internacionales como Unops, PNUD y el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU., y elevaría el límite de compras sin concurso de Q900 mil a Q2 millones.

Reacciones de expertos

El analista Francisco Quezada, del CIEN, calificó la propuesta como un retroceso institucional. Señaló que relajar los controles contradice otras leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la de lavado de activos.

Es una legislación que abre espacios peligrosos para la discrecionalidad”

advirtió.

También recordó que durante el gobierno de Alejandro Giammattei se aprobaron reformas similares que terminaron favoreciendo prácticas corruptas.

Cada gobierno cree que es el honesto y que los anteriores no lo fueron”

agregó.

Riesgos a futuro

El analista Luis Linares alertó que la ley tendría una vigencia de tres años, lo que permitiría que el próximo gobierno la utilice bajo los mismos argumentos.

Esto crea un precedente peligroso. Si se flexibiliza, se amplían las oportunidades de corrupción”

afirmó.

Linares criticó que Semilla no esté invirtiendo en capacitación técnica para mejorar la ejecución pública bajo las reglas actuales.

La administración pública está invadida por corrupción. Quitar candados ahora es como abrir la puerta en un barrio lleno de ladrones”

sentenció.

Rechazo empresarial

La Cámara del Agro (Camagro) y el Cacif se pronunciaron en contra de la iniciativa. Advirtieron que eliminar controles no resolverá la baja ejecución presupuestaria, sino que incrementará el clientelismo y comprometerá la calidad de la inversión pública.

Camagro hizo un llamado al Congreso para retomar la reforma al servicio civil y ajustar el presupuesto 2026 a las capacidades reales de ejecución.

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