La gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP) se caracterizó por promover y sostener en jefaturas a fiscales cuestionados, sancionados internacionalmente y señalados de perseguir a jueces, periodistas y operadores de justicia.
Entre ellos destacan Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, sancionado por 42 gobiernos; Cinthia Monterroso, ascendida a fiscal regional pese a denuncias de obstrucción de justicia; Leonor Morales, colocada al frente de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia; y Noé Rivera, promovido a fiscal regional de Petén tras figurar en la Lista Engel.
Otros nombres como Saúl Sánchez, Raúl Figueroa y Dimas Jiménez también fueron respaldados por Porras, consolidando una estructura que, según organismos internacionales, debilitó la lucha contra la corrupción y favoreció la persecución política.




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