El Organismo Judicial (OJ) empezó a adquirir herramientas de inteligencia artificial en 2025, pero tardó ocho meses en aprobar las reglas para su uso. Así lo reveló una revisión de contratos de Los Medios de Comunicación, que contó 15 compras directas a la empresa BDG, S. A. por un total de Q1.3 millones. La normativa llegó con el Acuerdo 93-2026.
Las herramientas sirven para analizar expedientes de amparo y elaborar borradores de resoluciones. Estos contratos se vinculan al proyecto MEIA-Amparos, impulsado por la Gerencia de Informática del OJ, que, según documentos de contratación conocidos en 2025, indexa texto, clasifica temas y redacta borradores iniciales de las "resultas" de los casos, con integración a la API de Gemini.
En julio de este año, el OJ adjudicó otro contrato por Q89,570 para una plataforma que apoyaría borradores de sentencias de casación, y sostuvo que la herramienta es auxiliar y no sustituye el criterio judicial. Entonces no explicó cómo verificaría que la IA no cite jurisprudencia inexistente ni si habrá auditoría de los borradores.
El tema es sensible porque la IA toca decisiones que afectan derechos. En España, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial aprobó este año una instrucción que permite los borradores solo como apoyo, con herramientas autorizadas, y exige que el juez los revise de forma personal y crítica, sin que valgan como decisiones automatizadas
El OJ de Guatemala no ha informado públicamente si el Acuerdo 93-2026 contempla garantías similares ni cuántas resoluciones se han elaborado con ayuda de estas herramientas.
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