Las primeras investigaciones impulsadas por el nuevo Fiscal General del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, habrían encontrado obstáculos dentro del sistema judicial, de acuerdo con una investigación periodística que documenta al menos tres casos frenados por jueces señalados de mantener vínculos con la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.
Según reportes periodísticos previos, entre los casos afectados figuran procesos contra los exfiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez. En uno de ellos, una jueza habría rechazado una orden de captura; en otro, un juez habría anulado un allanamiento y una citación; y en un tercero, una jueza habría postergado una audiencia hasta diciembre.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el abogado constitucionalista Javier Urízar señaló que el MP no debe usar la obstrucción judicial como excusa y que, si no encuentra pruebas suficientes en un caso, debe decirlo abiertamente en lugar de atribuir los retrasos exclusivamente al sistema de justicia.
Por su parte, el investigador Hugo Mangione, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), sostuvo que la impunidad en años anteriores habría requerido cierta "connivencia" judicial, y llamó a impulsar reformas administrativas, entre ellas mayor transparencia en la asignación de casos y en el aplazamiento de audiencias.
La exfiscal general Claudia Paz y Paz, citada en reportes periodísticos, habría señalado directamente a los jueces Fredy Orellana, Víctor Cruz y Jimi Bremer como parte de lo que calificó como "el engranaje de la criminalización", y cuestionó a la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por Claudia Paredes, a la que describió como un "bloque dominante". Se trata de señalamientos que, hasta el momento, no han derivado en procesos judiciales o sanciones formales contra los magistrados mencionados.
El abogado penalista José Barrios advirtió que la lentitud de los procesos —como recusaciones que tardan años en resolverse— debilita los mecanismos de control disciplinario y limita la rendición de cuentas dentro del sistema judicial.
García Luna, en declaraciones previas recogidas por medios periodísticos, había advertido que una reforma al Ministerio Público no será suficiente si no va acompañada de cambios en el sistema de justicia, y planteó la necesidad de "replantear la forma de elección de magistrados" en el país.
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