Arévalo defiende la Ley de Ciberseguridad: antes no había marco legal para castigar los delitos digitales

 

     

 

El presidente dijo en La Ronda que la nueva ley protege los derechos y los datos de las personas; entra en vigor el 17 de diciembre y crea nuevos órganos y delitos digitales.
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Foto: Gobierno de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este jueves 19 de noviembre, durante La Ronda, sobre la Ley Marco de Ciberseguridad, una norma que regula el espacio digital del país y se ajusta al Convenio de Budapest. Según el mandatario, hasta ahora no existía un marco de regulación y protección en temas cibernéticos, por lo que, dijo, había total libertad para cometer delitos.

Arévalo explicó que uno de los ejes centrales de la ley es la protección de los derechos de las personas, incluidos los datos que cada quien comparte de manera voluntaria, a veces sin darse cuenta.

Qué cambia con la ley

La Ley Marco de Ciberseguridad es el Decreto 26-2026. El Congreso la aprobó el 3 de noviembre, con carácter de urgencia nacional y 121 votos a favor frente a 10 en contra. Fue sancionada por el Ejecutivo y publicada en el diario oficial el martes 17 de noviembre, y entrará en vigor 30 días después, es decir, el 17 de diciembre.

El texto crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad y la Dirección Nacional de Ciberseguridad, además de mecanismos de prevención, investigación y cooperación internacional. También incorpora ocho nuevos delitos en el entorno digital y fija obligaciones de protección de datos y sistemas para entidades públicas, empresas y operadores de infraestructuras críticas.

Entre los antecedentes que impulsaron la norma figuran ataques informáticos a instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores (2022), el Ministerio de Finanzas Públicas (2023) y el Ministerio de Educación (2024), y, en 2026, a la Dirección General de Control de Armas y Municiones y al portal Tu Empleo.

Los Medios de Comunicación han recordado que la discusión de la iniciativa tardó meses y que uno de los puntos que frenaron acuerdos en comisión fue quién debía liderar la ciberseguridad: un ente civil, uno militar o uno mixto.

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