La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, ofreció el 2 de septiembre una conferencia de prensa para defender los montos adjudicados a tres proyectos de puentes —Moca, Las Pericas y Santa Bárbara—, luego de que una investigación periodística revelara que el Gobierno de Bernardo Arévalo los contrató a precios por metro más altos que los pagados durante las administraciones de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales-Martínez.
De acuerdo con la misma investigación, la comparecencia de la ministra estuvo marcada por contradicciones respecto a lo que ella misma había declarado la semana previa ante el Congreso de la República. Zea aseguró en esa ocasión que los planos de licitación de los tres puentes no se encontraban publicados en el portal de Guatecompras; sin embargo, en la conferencia del 2 de septiembre admitió que sí se había subido una hoja de planos "conceptuales", sin explicar cómo los oferentes habrían tenido acceso a los planos reales para elaborar sus cotizaciones.
Según reportes periodísticos, los sobrecostos identificados por la investigación, en comparación con cotizaciones independientes, ascienden a Q80.68 millones en el caso del puente Moca, Q32.99 millones en Las Pericas y Q35.02 millones en Santa Bárbara. La ministra indicó que los costos finales de los proyectos "aún no están definidos" y sostuvo que las empresas contratistas asumen un "riesgo" al participar en este tipo de obras, sin precisar cifras concretas ante los cuestionamientos.
Zea también habría descartado la validez de la comparación con los costos de la era Giammattei, argumentando diferencias por inflación, condiciones distintas de cada proyecto y la existencia de obras inconclusas de esa administración con sobrecostos de hasta el 40%. La funcionaria anunció, además, que solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una "auditoría concurrente" sobre los tres contratos.
De acuerdo con la investigación, la ministra no se refirió a otro de los hallazgos centrales del reportaje: la experiencia limitada de las tres empresas contratistas, ninguna de las cuales contaría con un sitio web propio, y la imposibilidad de los periodistas de contactar a Constructora Elemento, la firma que tiene a su cargo el contrato del puente Moca. Zea citó el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria como base legal para la contratación directa de los proyectos, al margen de los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones del Estado.
La misma fuente periodística señala que, hasta el momento, no existe una explicación oficial completa sobre el proceso de adjudicación ni sobre los criterios utilizados para seleccionar a las empresas responsables de las tres obras.
Ministra trata de explicar monto elevado de adjudicaciones
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