El documento del Departamento jurídico del Congreso de la República justifica que el incremento para quedar en suspenso tiene que ser autorizado por el pleno del Organismo Legislativo, tal como lo ordenó en una resolución la Corte de Constitucionalidad -CC- en diciembre de 2024.
Para poder emitir un fallo al respecto, los magistrados solicitaron al Legislativo remitir un informe circunstanciado. Los miembros del Congreso no tendrían derecho a este último beneficio, debido a que no son empleados contratados en relación de dependencia, sino que ocupan un cargo de elección popular.
En cuanto al argumento para evitar el alza salarial, se hizo ver que el presupuesto del parlamento para el próximo año no tiene contemplado ese rubro, por lo cual no habría dinero disponible, pero que del resultado del estudio técnico el Pleno tendrá la última palabra.
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