Un operativo en un local de lavado de autos dentro de una gasolinera en Brasil terminó destapando, en 2014, una de las redes de sobornos y lavado de dinero más grandes de Latinoamérica: la llamada Operación Lava Jato, que expuso la corrupción sistemática de la constructora Norberto Odebrecht en toda la región y que no tardó en salpicar a Guatemala.
De acuerdo con una investigación periodística, cuatro años después, en enero de 2018, la entonces Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el alcance del caso en el país, señalando directamente a los dos políticos que se perfilaban como favoritos para la presidencia en 2015: Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón. Ambos habrían articulado estructuras paralelas para captar, procesar y lavar fondos de la constructora brasileña destinados a financiar sus campañas, a cambio de la promesa de futuras licitaciones de infraestructura, entre ellas la carretera CA-2 Occidente, que les fue concedida pero nunca se terminó de construir.
Según reportes periodísticos, Odebrecht llegó a Guatemala en 2011 y estableció sus primeros contactos con Sinibaldi, entonces ministro de Comunicaciones, a quien se acusó de recibir sobornos a cambio de agilizar desembolsos a contratistas y favorecer a la constructora. Durante su gestión se aceleró la concesión para que Odebrecht construyera la CA-2 Occidente, que conectaría Escuintla con Ocós, San Marcos, un proceso que, según una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), habría sido sobrevalorado. La investigación señala que se habrían creado empresas de cartón, con apoyo de un grupo de abogados, para ocultar el dinero de los sobornos, que habría sido captado por un intermediario, Carlos Batres Gil, señalado de recibir USD$4.9 millones producto de esos pagos.
Tres años más tarde, siempre de acuerdo con la misma investigación, Odebrecht habría apostado también por Baldizón como otro posible punto de apoyo político. Desde junio de 2014, la constructora realizó transferencias a empresas vinculadas al entonces candidato, creadas —según el caso— por abogados cercanos a él para ocultar el origen de esos fondos. La pesquisa y declaraciones de colaboradores eficaces establecieron que habría sido el propio Sinibaldi quien presentó a los representantes de Odebrecht con Baldizón, lo que habría derivado en la entrega de USD$3 millones para su campaña, de los cuales el excandidato del desaparecido partido Lider habría recibido USD$1.36 millones.
Desde que se destaparon las investigaciones en 2018, más de 15 personas han sido detenidas por su vinculación al caso, entre ellas Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Juan Ignacio Florido, Juan Manuel Molina, Jorge Eduardo Antillón Klüsmann, Diego Chacón Yurrita, Carlos Batres Gil, Pablo Yanez Guerra y Judith Celina Vargas. Sin embargo, los dos principales señalados terminaron librados de los cargos en su contra.
El camino hacia esa salida se abrió luego de la persecución penal que forzó la salida del país y la renuncia de la entonces jueza Ericka Aifán, quien tenía a su cargo el Juzgado de Mayor Riesgo D. Tras el paso de varios jueces por ese tribunal, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia designó a Abelina Cruz como titular, y fue bajo su gestión que el caso, hasta entonces detenido por acciones legales y cambios de juzgador, comenzó a avanzar hacia las audiencias de etapa intermedia.
Sinibaldi fue el primero en resolver su situación: tras cerrar otros procesos en su contra, llegó ante Cruz por el caso Odebrecht, y la jueza determinó que los medios de prueba presentados por el Ministerio Público no concordaban con la acusación, por lo que ordenó el cierre del caso a su favor. Meses después, bajo el mismo criterio, Cruz dictó una resolución equivalente para Baldizón, a quien también consideró que la acusación no era congruente con las pruebas, y lo liberó de los cargos.
La situación de Carlos Batres Gil tomó un camino distinto, aunque terminó con un resultado igualmente favorable para él. La jueza Aifán había ordenado enviarlo a juicio, decisión que fue impugnada hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) la confirmó. Cuando el expediente llegó a manos de Cruz, la jueza argumentó que, al no haber sido ella quien dictó esa orden, no podía simplemente ejecutarla, por lo que decretó una actividad procesal defectuosa y repitió la audiencia de etapa intermedia. En ese nuevo análisis aplicó el mismo criterio usado con Baldizón y Sinibaldi, dictó sobreseimiento a favor de Batres Gil y ordenó devolverle Q4 millones que habían sido embargados por presuntamente provenir de los sobornos.
El resto de los procesados no tuvo la misma suerte, pues sus expedientes ya habían sido remitidos a los tribunales correspondientes antes de estos cambios. En los juicios ante los Tribunales de Mayor Riesgo A y B, solo Pablo Yanez Guerra, hermano del exdiputado Mario Yanez Guerra, logró ser absuelto, luego de que el tribunal —presidido por la jueza María Eugenia Castellanos— determinara que las pruebas en su contra eran insuficientes.
Los abogados vinculados a Baldizón, Diego Chacón Yurrita y Jorge Antillón Klüsmann, sí fueron condenados: Chacón a nueve años de prisión por falsedad ideológica y asociación ilícita, y Antillón a 14 años por lavado de dinero y asociación ilícita, además de una multa de USD$346 mil. En el bando de los abogados ligados a Sinibaldi, Juan Ignacio Florido recibió una condena de seis años por lavado de dinero y una multa de USD$9.03 millones, mientras que Juan Manuel Molina fue condenado a 14 años por lavado de dinero y asociación ilícita, con una multa adicional de USD$1.2 millones. En el juicio más reciente, contra Judith Celina Vargas, cuñada de Baldizón, el tribunal modificó los delitos originalmente imputados y la condenó a seis años de prisión por asociación ilícita.
Aparte de estos procesos, el Ministerio Público investigó a cerca de diez personas más, en su mayoría abogados que habrían apoyado a Baldizón durante la intervención de Odebrecht en el país, quienes optaron por someterse a un procedimiento de aceptación de cargos. Gracias a los beneficios que otorga esa figura legal, la mayoría de las penas impuestas por Abelina Cruz en estos casos rondan entre tres y seis años de prisión, por delitos como falsedad ideológica, conspiración para el lavado de dinero y asociación ilícita.
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