La iniciativa de ley 6576, impulsada por el oficialismo en el Congreso, ha generado una fuerte reacción del sector privado. El proyecto propone que el Gobierno pueda realizar compras directas por tres años, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, lo que ha sido calificado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) como una amenaza a la transparencia institucional.
#ComunicadoCACIF
— CACIF (@CACIFGuatemala) July 31, 2025
El sector privado organizado reitera su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el fortalecimiento de las capacidades del Estado.
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En un comunicado, el Cacif señaló que “la opacidad y la eliminación de controles no son la vía para resolver la baja ejecución presupuestaria”, evidenciada por segundo año consecutivo. La entidad advirtió que la propuesta abre espacios a la arbitrariedad, fomenta el clientelismo y puede profundizar la corrupción, en detrimento del interés nacional.
La iniciativa contempla:
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Declarar de urgencia nacional inversiones en infraestructura, salud, educación y desarrollo urbano/rural.
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Autorizar contrataciones directas o por cotización en ministerios y municipalidades.
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Permitir compras sin licitación pública por montos de hasta Q2 millones.
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Crear un fondo especial administrado por el Crédito Hipotecario Nacional.
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Establecer un plazo de cinco días hábiles para resolver trámites administrativos.
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Suscribir convenios con entes internacionales para ejecución de obras.
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Aplicar la normativa durante tres años, con posibilidad de prórroga.
La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) también se pronunció en contra, señalando que el proyecto “debilita la transparencia y compromete la inversión pública”. Ambas entidades exhortaron al Congreso a retomar la reforma al servicio civil, como vía para profesionalizar la gestión estatal y reducir la dependencia de medidas discrecionales.
Los diputados oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala han defendido el proyecto, argumentando que los procesos burocráticos han frenado la ejecución presupuestaria este año. Sin embargo, sectores empresariales y sociales advierten que la iniciativa podría convertirse en un “estado de calamidad extendido”, sin los controles que exige la ley.
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