El Ministerio de Energía y Minas se pronunció después de que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional relacionado con la consulta al pueblo maya ixil de San Juan Cotzal, Quiché, por la operación de la hidroeléctrica Palo Viejo.
La cartera reiteró que sus decisiones y procedimientos se desarrollan conforme a la legislación vigente, con respeto al debido proceso y a la certeza jurídica. La resolución de la CC también ordenó al presidente Bernardo Arévalo intervenir en el procedimiento de consulta.
El proceso se relaciona con el Acuerdo Ministerial 145-2026, emitido por el MEM para establecer las pautas de consulta a las comunidades mayas ixiles sobre los efectos, riesgos, medidas de mitigación, reparación, compensación y posibles beneficios derivados del proyecto hidroeléctrico, que funciona desde 2012.
La consulta quedó suspendida provisionalmente luego de acciones legales presentadas por empresas vinculadas con el proyecto. Posteriormente, el Cacif y la Cámara de Industria también promovieron acciones de inconstitucionalidad, al considerar que el ministerio habría excedido sus competencias al emitir el acuerdo.
Por otra parte, organizaciones comunitarias han señalado que la suspensión frena un proceso destinado a reparar la falta de consulta previa al pueblo ixil, mientras el sector empresarial sostiene que cualquier procedimiento debe garantizar legalidad, seguridad jurídica y respeto al marco constitucional.
El caso continuará bajo conocimiento de la Corte de Constitucionalidad, mientras las instituciones involucradas esperan nuevas resoluciones que definan la continuidad y las condiciones del proceso de consulta.
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