El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala conoce este miércoles 30 de septiembre de 2026 un informe relacionado con los allanamientos realizados recientemente por el Ministerio Público en el campus central.
El documento fue elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac, que sostiene que durante las diligencias de la Fiscalía contra la Corrupción existieron inconsistencias y posibles errores de procedimiento. Esta valoración corresponde a la postura institucional de la universidad y forma parte del análisis que será conocido por el máximo órgano de dirección de la casa de estudios.
Según el informe universitario, la Usac asegura que entregó oportunamente la información solicitada por el Ministerio Público dentro del caso que se encuentra bajo investigación.
La universidad también cuestiona que, a criterio de sus asesores jurídicos, la orden judicial no establecía garantías suficientes para proteger información relacionada con menores de edad, estudiantes, docentes y trabajadores que no eran objeto directo de la investigación.
Otro de los puntos señalados es el retiro de dos computadoras portátiles y un monitor durante las diligencias. Según la versión de la Usac, esos equipos no correspondían a los servidores donde se encontraba almacenada la información específicamente requerida por las autoridades.
Las autoridades universitarias también informaron sobre la presentación de un amparo relacionado con los allanamientos y evalúan posibles acciones legales por lo que consideran eventuales abusos durante el procedimiento.
El caso mantiene versiones distintas entre las partes involucradas. La universidad cuestiona la forma en que se desarrollaron las diligencias, mientras el Ministerio Público sostiene que sus actuaciones se realizaron con autorización judicial y dentro de una investigación formal.
El análisis del CSU se desarrolla mientras continúan las discusiones sobre el alcance de las diligencias y las garantías que deben observarse durante procedimientos de investigación dentro de una institución autónoma como la Universidad de San Carlos.
Corresponderá a las autoridades competentes determinar la legalidad de las actuaciones, el alcance de las acciones jurídicas planteadas y las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse conforme avance el proceso.
Comentarios
0 comment