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La discusión por el alto precio de los combustibles entró este 8 de septiembre de 2026 en una nueva etapa, luego de que la Alcaldía Indígena de Sololá y los 48 Cantones de Totonicapán rechazaran las propuestas de subsidio planteadas hasta ahora y exigieran un mecanismo diferente: establecer precios tope para los combustibles.
Las organizaciones indígenas sostienen que un subsidio puede terminar beneficiando principalmente a intermediarios o empresas, mientras que su propuesta busca que el alivio se refleje directamente en el precio que paga la población en las estaciones de servicio.
La postura forma parte de una movilización que también incorpora reclamos por el aumento de la canasta básica, el impacto de la sequía sobre las comunidades rurales y la necesidad de que las instituciones actúen contra posibles prácticas de especulación y acaparamiento.
Representantes de Sololá y Totonicapán tienen previsto sostener reuniones con la Junta Directiva del Congreso y posteriormente dialogar con el presidente Bernardo Arévalo en el Palacio Nacional de la Cultura, en busca de una salida a la crisis de precios.
El debate se produce después de varios días sin consensos claros entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre cuál mecanismo utilizar para contener el incremento de los combustibles.
En el Congreso se han discutido distintas alternativas, entre ellas la creación de un fondo de compensación y estabilización de precios, subsidios temporales y reducciones tributarias. Una de las iniciativas en análisis plantea crear un fondo bajo la rectoría del Ministerio de Energía y Minas para responder a las variaciones internacionales de los combustibles.
Sin embargo, las organizaciones indígenas consideran que las medidas discutidas hasta ahora no responden de forma suficiente al problema y han insistido en que la solución debe reflejarse directamente en el bolsillo de los consumidores.
El presidente de los 48 Cantones de Totonicapán advirtió que, si no se encuentra una solución concreta al alza de los combustibles, podrían recurrir a nuevas medidas de hecho.
Durante reuniones previas con diputados, representantes comunitarios también habían advertido sobre posibles movilizaciones en la capital. Algunos dirigentes mencionaron incluso acciones en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora, aunque las posiciones sobre eventuales bloqueos han variado conforme avanzan las negociaciones.
El conflicto por los combustibles ha trascendido al sector transporte. Las organizaciones argumentan que el aumento del diésel y las gasolinas termina repercutiendo sobre los fletes, el transporte público y el precio final de alimentos y otros productos básicos.
Por ello, el planteamiento indígena también exige medidas sobre el costo de la canasta básica y una mayor intervención de las instituciones encargadas de proteger a los consumidores.
El Ejecutivo, por su parte, ha presentado distintas propuestas durante las últimas semanas, mientras en el Congreso todavía no existe un acuerdo suficiente para aprobar una solución definitiva. En una de las discusiones recientes se planteó incluso establecer un precio máximo para el combustible mediante un apoyo temporal financiado con recursos públicos.
La jornada de este martes será clave para determinar si las reuniones con el Congreso y con el presidente Arévalo permiten acercar posiciones.
Por ahora, la postura de las organizaciones indígenas es clara: rechazan un subsidio en los términos planteados y piden un mecanismo que limite directamente el precio de los combustibles, argumentando que cualquier medida debe traducirse en un alivio real para las familias guatemaltecas.
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