Representantes de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Alcaldía Indígena de Sololá plantearon este 8 de septiembre de 2026 una serie de cuestionamientos al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, principalmente relacionados con la ejecución presupuestaria, el estado de la infraestructura vial y el impacto del precio de los combustibles en la población.
Durante sus planteamientos, los representantes señalaron que los recursos recaudados mediante el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) no se estarían reflejando suficientemente en la construcción y mantenimiento de carreteras.
Como ejemplo, mencionaron el deterioro de rutas en Huehuetenango y del tramo que comunica Escuintla con Mazatenango, dos corredores importantes para la movilidad y la actividad económica del país.
Las autoridades indígenas también expresaron dudas sobre la efectividad de los subsidios implementados anteriormente para enfrentar el incremento de los combustibles, al considerar que estas medidas no representaron un beneficio suficiente para la población.
Ante esta situación, solicitaron considerar la suspensión temporal del IDP y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a los combustibles, como una alternativa para reducir el precio que pagan directamente los consumidores.
Los cuestionamientos se producen en momentos en que el manejo de los recursos públicos y la capacidad de ejecución del Estado continúan formando parte del debate nacional.
Datos oficiales divulgados por el Ministerio de Finanzas indicaban que al 25 de junio de 2026 la ejecución presupuestaria alcanzaba Q70 mil 61 millones, equivalente al 41.5% del presupuesto vigente. El Gobierno ha defendido que la ejecución ha avanzado pese a dificultades registradas durante el año.
Paralelamente, el Ejecutivo presentó recientemente su propuesta de Presupuesto General para 2027 por Q192 mil 45 millones, el monto más alto planteado hasta ahora para un ejercicio fiscal en Guatemala, con un déficit proyectado de 4.4%. El presidente Arévalo ha asegurado que el incremento busca fortalecer la inversión social, la infraestructura y la modernización estatal.
Sin embargo, las autoridades indígenas insistieron en que el debate no debe centrarse únicamente en cuánto dinero existe dentro del presupuesto, sino en cómo se ejecuta y cuáles son los resultados visibles para los ciudadanos.
La discusión ocurre además en medio del aumento de los combustibles, situación que ha provocado movilizaciones y reclamos de distintos sectores debido a su impacto sobre el transporte, los alimentos y otros productos de consumo diario.
El encuentro entre el Ejecutivo y las autoridades comunitarias mantiene abierta la discusión sobre posibles medidas fiscales y administrativas para contener el impacto económico, mientras los manifestantes exigen mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y respuestas concretas a las necesidades de infraestructura del país.
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