Dentro del trabajo que se desarrollará por la administración de Donald Trump a partir del 20 de enero del próximo años, se contempla dar cumplimiento al ofrecimiento de campaña de realizar deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular radicados en Estados Unidos, por lo que se considera ubicaciones de penitenciarías privadas, con el objetivo de tener una mayor capacidad para albergar a inmigrantes y ampliar los centros de detención, previo su deportación a sus países de origen, principalmente en ciudades fronterizas con México, comparte el licenciado Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco.
En medios de comunicación estadounidenses, ha trascendido la información, de que se trabaja en realizar la ampliación de las prisiones de condados fronterizos con México, como parte de la estrategia de deportación masiva a realizarse, así como la compra de camas a utilizarse en los centros de detención, para albergarlos, recordando que el fundamento de ley a utilizar es la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, aplicada en la segunda guerra mundial únicamente 3 veces.
Es preocupante que se haga mención de un plan de capturas de detenciones familiares, en las que se incluiría las capturas de hijos y padres, la cual fue detenida en la actual administración de Biden Harris en 2021.
Recuerdo que Trump anunció que emitirá Orden Ejecutiva, el primer día de su gobierno, con lo que podría ampliar y reforzar las detenciones en forma local de personas inmigrantes en situación irregular.
Es posible que pueda efectuarse un desplazamiento de migrantes hacia Canadá, huyendo de Estados Unidos por evitar deportaciones y separaciones familiares y en el caso de México, deberá considerar mayor número de personal para la atención de deportados, así como la debida asistencia humanitaria, que pueda provocar las deportaciones, considerando la colocación de servicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR, para atender peticiones de refugio, que se incrementarán, recomienda Castro Molina.
Tanto la cancillería guatemalteca, como la Hondureña, Salvadoreña y mexicana, deben contar con un plan integral para poder brindar una efectiva asistencia y protección consular, que en el caso de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, se carece, ante la falta de personal y de asistencia legal a los connacionales que lo requieran, por lo que debe fortalecerse los consulados.
Así como realizar campañas informativas por instituciones vinculadas al tema migratorio, en sus países de origen, para orientar a familiares en planes de emergencia que deben tener los inmigrantes ante posible deportaciones a efectuarse, un tema que debe realizar el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala CONAMIGUA, como parte de sus funciones, no hacerlo, será una irresponsabilidad.
Los miembros de la Comisión de Migrantes, Menor y la Mujer, Derechos Humanos, del Congreso de la República de Guatemala entre otras, deben citar a los funcionarios vinculados al tema migratorio, para requerir, las acciones a realizarse para protección de inmigrantes residentes en Estados Unidos, ante la amenaza de deportaciones masivas procedentes de Estados Unidos, así como acciones a realizar en el país, recalca Castro Molina.
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