El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel adicional del 10% a las importaciones procedentes de Guatemala, como resultado de una investigación relacionada con la falta de prohibiciones efectivas contra el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
La decisión fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos —USTR— por instrucciones del presidente Donald Trump y se aplicará también a otras economías investigadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Las autoridades estadounidenses iniciaron en marzo de 2026 investigaciones contra 60 economías. En junio, la USTR concluyó que las políticas y prácticas identificadas eran insuficientes, irrazonables y perjudiciales para el comercio estadounidense.
Guatemala fue incluida entre los países que enfrentarán una tasa del 10%, junto con Argentina, Canadá, El Salvador, Honduras, México, India y el Reino Unido, entre otros. Otras economías estarán sujetas a gravámenes de hasta el 12.5%.
La tasa menor para Guatemala responde a que el país asumió compromisos dentro de un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos. Entre ellos se encuentra adoptar y aplicar una prohibición a la importación de bienes extraídos, producidos o fabricados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
Sin embargo, el informe de la USTR determinó que Guatemala todavía no ha establecido ni aplicado de manera efectiva una prohibición de este tipo. Según la investigación, esta situación restringe o afecta el comercio estadounidense, aunque reconoce los compromisos adquiridos por el país para corregirla.
La medida contempla algunas excepciones para materias primas, bienes que podrían generar interrupciones económicas y productos que Estados Unidos no produce en cantidades suficientes. También podrán quedar excluidos determinados artículos guatemaltecos para incentivar el cumplimiento de los compromisos laborales.
Estos aranceles coinciden con el vencimiento de una tarifa mundial temporal del 10% que Estados Unidos había aplicado durante 150 días. Las nuevas tasas utilizan la Sección 301, que permite responder a prácticas comerciales consideradas injustificables, irrazonables o discriminatorias.
El gravamen es pagado inicialmente por las empresas estadounidenses que importan productos guatemaltecos. Sin embargo, puede reducir la competitividad de las exportaciones nacionales, encarecer los bienes para los consumidores o presionar a los proveedores para disminuir sus precios.
Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han informado públicamente qué acciones adoptarán ante la entrada en vigor de la medida ni cuáles productos nacionales estarán cubiertos por las excepciones anunciadas.
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