Estados Unidos evalúa cobrar US$100 mil a estudiantes extranjeros que deseen trabajar tras graduarse

El Gobierno de Estados Unidos evalúa imponer un cobro de US$100 mil a estudiantes extranjeros que busquen permanecer temporalmente en el país para trabajar después de graduarse de una universidad estadounidense.

La propuesta afectaría al programa de Capacitación Práctica Opcional —OPT, por sus siglas en inglés— y todavía se encuentra bajo discusión dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Hasta ahora, la administración no ha adoptado una decisión definitiva ni ha aclarado si el pago correspondería al estudiante o a la empresa contratante.

El OPT permite que estudiantes con visa F-1 obtengan experiencia laboral relacionada directamente con su área académica. La autorización generalmente puede utilizarse durante un máximo de 12 meses, mientras que quienes se graduaron en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas pueden solicitar una extensión adicional de 24 meses.

La posible tarifa forma parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para restringir determinados mecanismos de inmigración legal y priorizar la contratación de ciudadanos estadounidenses.

Quienes respaldan cambios al programa argumentan que algunas compañías utilizan el OPT para contratar trabajadores extranjeros con salarios más bajos. Universidades, empresas tecnológicas y defensores de la inmigración, por su parte, advierten que un cobro de US$100 mil podría desalentar la llegada de estudiantes internacionales y reducir la capacidad del país para atraer profesionales altamente capacitados.

La medida también podría afectar a universidades que dependen de los ingresos provenientes de matrículas internacionales, así como a compañías de tecnología, finanzas, ingeniería y otras industrias que contratan a graduados extranjeros para cubrir puestos especializados.

El programa OPT funciona como una vía temporal de empleo y, para muchos graduados, como un puente hacia categorías laborales como la visa H-1B. No representa por sí mismo una residencia permanente ni garantiza la obtención posterior de otra visa.

La administración Trump ya intentó aplicar un cobro de US$100 mil a nuevas solicitudes de visas H-1B. Sin embargo, un juez federal determinó en junio que la tarifa constituía un impuesto no autorizado por el Congreso, y posteriormente una corte de apelaciones rechazó la petición del Gobierno para mantenerla vigente mientras continuaba el litigio.

La experiencia con las visas H-1B podría anticipar nuevos desafíos judiciales en caso de que el Gobierno decida aplicar un cobro similar al programa destinado a estudiantes extranjeros.

Por ahora, la tarifa de US$100 mil es únicamente una propuesta en evaluación. Los estudiantes internacionales pueden continuar utilizando el OPT conforme a las condiciones actuales mientras no exista una normativa oficialmente aprobada y publicada.