El asesinato del presidente Carlos Castillo Armas, ocurrido la noche del 26 de julio de 1957 dentro de la Casa Presidencial de Guatemala, continúa siendo uno de los episodios más discutidos de la historia política del país.
En la segunda parte de su reflexión titulada “¿Quién asesinó a Castillo Armas?”, Marco Antonio Sagastume Gemmell, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, retoma documentos, testimonios y versiones que ha recopilado alrededor de un magnicidio que dejó numerosas preguntas abiertas.
La versión oficial atribuyó el asesinato al soldado Romeo Vásquez Sánchez, integrante de la guardia presidencial, quien habría disparado contra Castillo Armas mientras el mandatario caminaba hacia el comedor acompañado de su esposa, Odilia Palomo. Vásquez Sánchez fue posteriormente encontrado muerto, en lo que las autoridades de la época calificaron como un suicidio.
Sin embargo, con el paso de los años surgieron distintas hipótesis sobre si el soldado actuó por cuenta propia o si existieron otros actores detrás del crimen. Incluso documentos estadounidenses de la época muestran que, pocos días después del asesinato, organismos de inteligencia analizaban posibles motivos del atacante y la eventual participación de otros grupos, sin que ello constituya una prueba de una conspiración específica.
Sagastume parte también de un testimonio atribuido al abogado Nájera Farfán, quien relató haber recibido una llamada desde Casa Presidencial la noche del magnicidio y haber visto posteriormente el cadáver del mandatario. En su reflexión, el autor llama la atención sobre versiones que hablaban de dos disparos consecutivos y plantea interrogantes sobre la forma en que ocurrió el ataque.
Uno de los puntos abordados es la presencia de Odilia Palomo, esposa de Castillo Armas. Sagastume señala que escuchó testimonios contradictorios: unas personas afirmaban que se encontraba junto al mandatario, mientras otras sostenían que habría estado en el Club Guatemala y que fue llevada posteriormente a Casa Presidencial.
La documentación histórica más difundida sostiene que Palomo acompañaba a Castillo Armas cuando ocurrió el ataque, aunque la existencia de relatos diferentes muestra por qué el episodio continúa generando debate entre investigadores e historiadores.
Sagastume también menciona a los entonces gobernantes Anastasio Somoza García, de Nicaragua, y Rafael Leónidas Trujillo, de República Dominicana, debido al contexto político regional que rodeó el derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán en 1954.
El autor recuerda que existen investigaciones históricas sobre la colaboración de actores extranjeros durante el proceso que llevó a la caída de Árbenz. Sin embargo, hace una distinción importante: no considera demostrada la participación de Somoza o Trujillo en el asesinato de Castillo Armas. Esa separación entre el contexto de 1954 y el magnicidio de 1957 es central en su reflexión.
Tras la muerte de Castillo Armas, la sucesión presidencial también se produjo rápidamente. Luis Arturo González López, primer designado a la Presidencia, asumió el cargo durante la madrugada del 27 de julio de 1957.
Pero es otro nombre el que ocupa buena parte de las interrogantes planteadas por Sagastume: el coronel Enrique Trinidad Oliva, quien había ocupado funciones relevantes dentro de la seguridad gubernamental y tenía acceso a instalaciones oficiales.
Sagastume lo describe como uno de los personajes que más despertaron su interés durante sus indagaciones y relata el testimonio de una persona que habría compartido detención con Trinidad Oliva. Ese relato, sin embargo, debe entenderse como un testimonio recogido por el autor y no como prueba judicial que establezca responsabilidad en el magnicidio.
Precisamente allí radica uno de los puntos centrales de esta segunda entrega: diferenciar lo que está documentado de las hipótesis que se construyeron alrededor del crimen.
Está documentado que Castillo Armas fue asesinado en Casa Presidencial el 26 de julio de 1957 y que la versión oficial identificó a Romeo Vásquez Sánchez como el atacante. También está documentado que desde aquellos días circularon dudas sobre los motivos y sobre la posible existencia de otros responsables.
Lo que permanece sujeto a discusión histórica es quién pudo haber ordenado, facilitado o conocido previamente el asesinato, en caso de que el atacante no hubiera actuado solo.
Para Marco Antonio Sagastume, volver sobre estos acontecimientos no debería responder únicamente a una disputa ideológica. Su planteamiento apunta a recuperar la memoria histórica, contrastar versiones y permitir que las nuevas generaciones conozcan los hechos, las dudas y las distintas interpretaciones que han acompañado este episodio durante décadas.
El asesinato de Castillo Armas continúa siendo, así, mucho más que una fecha registrada en los libros de historia. Es también una historia de versiones enfrentadas, testimonios contradictorios y preguntas todavía abiertas.
Como señala Sagastume al cerrar esta segunda parte, su interés está en buscar la verdad para las nuevas generaciones, más allá de la ideología.
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