La comunidad de fans de BTS en México, conocida como ARMY, logró que autoridades federales vigilaran de cerca el proceso de venta de boletos para los conciertos del grupo en la Ciudad de México programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, tras intensas exigencias por mayor transparencia.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por César Iván Escalante Ruiz, anunció que ha recibido miles de quejas y solicitudes de fans que demandan información completa —como precios, cargos extra, mapas de asientos y condiciones de compra— antes de que inicie la preventa, que estaba programada para el 22 de enero. En respuesta, la dependencia emitió un exhorto formal dirigido a Ticketmaster y OCESA, las empresas responsables de la distribución de boletos y organización del evento, para que cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor y garanticen un proceso claro y justo.
Según los reportes oficiales, Profeco ha recibido más de 4 700 correos y documentos de seguidores que buscan evitar prácticas como la falta de información previa sobre costos y zonas de venta, algo que consideran indispensable para tomar decisiones informadas. La falta de datos anticipados sobre precios y mapas de asientos generó inquietud entre las fans, quienes incluso recordaron en redes sociales que la ley mexicana exige transparencia de los proveedores de bienes y servicios a los consumidores.
Además de las quejas formales, el ARMY organizó una manifestación pacífica en la Ciudad de México para demandar claridad en el proceso de venta, lo que llevó al tema incluso a cobertura internacional en medios de Corea del Sur. Autoridades mexicanas señalaron que la intervención de Profeco también busca garantizar que no se presenten irregularidades comunes en eventos de alta demanda, como precios inflados o prácticas de tarifa dinámica sin aviso previo.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la industria del entretenimiento y el impacto que puede tener un fandom organizado en exigir mejores prácticas de venta y protección de derechos del consumidor antes de eventos de gran escala.




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