Todo nuestro hemisferio está siguiendo de cerca la terrible situación en Haití, sobre todo ante las informaciones relacionadas con la desaparición de cuatro técnicos aéreos salvadoreños y la supuesta decisión del presidente Nayib Bukele de enviar tropas para rescatarlos. Una decisión que, de confirmarse en esos términos, sería digna de encomio.
El nivel de degradación en el que ha caído Haití y el camino que recorrió para convertirse en un Estado fallido deben ser motivo de preocupación para Guatemala.
¿Y saben por qué?
¡Porque es el mismo camino que lleva nuestro país!
Si no corregimos el rumbo, y pronto, nuestro destino podría ser convertirnos en otro Haití.
Sin embargo, muchos guatemaltecos rechazan esa posibilidad, exactamente como lo hicieron los haitianos hace varias décadas. Nunca creyeron que su país iba camino al despeñadero y, sin embargo, sucedió.
Y aquí, a mi juicio, los indicadores y las señales de deterioro institucional nos advierten que estamos dentro de una peligrosa espiral de autodestrucción.
Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo: hoy, ahora, nuestro gran peligro son el crimen organizado y el narcotráfico.
Las maras que mantienen en vilo a nuestros ciudadanos forman parte de un problema mucho más amplio, relacionado con estructuras criminales que, considero, han logrado penetrar distintas instituciones del Estado.
Municipalidades, Ejército, Policía, sistema judicial, partidos políticos y Congreso de la República son instituciones que deben ser examinadas frente a los riesgos de infiltración del crimen organizado.
Existen serios señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones políticas, sus dirigentes y estructuras criminales. También preocupa la posibilidad de que determinados grupos utilicen a las maras para favorecer sus intereses.
Asimismo, considero indispensable investigar los señalamientos sobre el presunto financiamiento del narcotráfico a figuras políticas, incluyendo personas que aspiran a participar en las próximas elecciones presidenciales.
Estas acusaciones deben ser investigadas por las autoridades competentes y no pueden darse por comprobadas sin las pruebas correspondientes.
Sin embargo, el riesgo que representan estas posibles relaciones para nuestra democracia es demasiado grave como para ignorarlo.
Las estructuras criminales manejan enormes cantidades de dinero y pueden intentar utilizarlas para influir en la política, financiar campañas de desinformación, promover ataques digitales contra adversarios, favorecer candidaturas municipales y legislativas o intimidar a sus contrincantes.
¡Ese es uno de los mayores peligros para el futuro de Guatemala!
Mientras tanto, el desempeño del Gobierno y de sus aliados en el Congreso me confirma que vamos por el camino equivocado.
¡La propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo es de espanto!
Uno de los aspectos que más cuestiono son las asignaciones presupuestarias que, según los señalamientos planteados en el debate político, podrían representar hasta Q75 millones por diputado, una cantidad que, multiplicada por los 160 legisladores, alcanzaría los Q12 mil millones.
Es indispensable esclarecer los mecanismos de asignación, administración y fiscalización de esos recursos, así como determinar si efectivamente quedarían sujetos a decisiones discrecionales de los diputados.
A mi juicio, permitir el uso político de recursos públicos en vísperas de un año electoral sería una manifestación de política clientelar.
También considero profundamente preocupante que se pretenda financiar gastos de funcionamiento, incluidos salarios y otras obligaciones recurrentes, mediante préstamos y bonos del Estado.
¡Es una irresponsabilidad histórica que podría tener consecuencias catastróficas para las futuras generaciones!
Ya no hablemos de la calidad de la educación, de la infraestructura, de los servicios de salud, de la ausencia de justicia, de la falta de inversión y empleo, de la desnutrición y de un largo etcétera.
Los problemas se acumulan mientras millones de guatemaltecos continúan esperando respuestas.
La corrupción sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos y, desde mi perspectiva, sus efectos son cada vez más amplios y profundos.
La frustración ciudadana ante la crisis y el agotamiento de un sistema político obsoleto nos obligan, como sociedad, a replantear los fundamentos mismos de nuestras instituciones.
No podemos continuar aceptando como normal el deterioro del Estado.
No podemos resignarnos a vivir con miedo, sin justicia y sin oportunidades.
Tampoco podemos permitir que los intentos legítimos de transformar nuestras instituciones sean debilitados por intereses particulares.
Me preocupa especialmente la situación de iniciativas como la impulsada por un grupo de jóvenes abogados que propone una reforma al sistema de justicia y que, según los señalamientos conocidos, habría enfrentado amenazas y presiones.
Cualquier denuncia de intimidación contra quienes promueven reformas institucionales debe ser investigada y esclarecida.
Guatemala necesita ciudadanos que propongan soluciones, no un ambiente en el que quienes intentan impulsar cambios deban temer por hacerlo.
Las elecciones de 2027 serán un punto de inflexión para nuestro país.
Nos encontraremos ante una decisión que puede marcar el rumbo de Guatemala durante los próximos años.
Podemos continuar por el mismo camino, permitiendo que los problemas se profundicen, o podemos asumir nuestra responsabilidad y trabajar para recuperar nuestras instituciones.
No todo está perdido.
Estoy convencido de que todavía estamos a tiempo de evitar que Guatemala avance hacia un escenario de mayor deterioro institucional, violencia e ingobernabilidad.
Pero no será posible si continuamos observando los acontecimientos con indiferencia.
Para superar este proceso de suicidio colectivo en el que, a mi juicio, estamos inmersos, la única salida es la participación ciudadana.
Necesitamos ciudadanos informados, comprometidos y dispuestos a involucrarse en las decisiones que definirán nuestro futuro.
Y, especialmente, necesitamos la participación de los jóvenes.
Los jóvenes guatemaltecos merecen un país mejor que el que hemos construido hasta ahora.
Merecen vivir sin miedo, encontrar oportunidades de trabajo, recibir una educación de calidad y confiar en instituciones que verdaderamente estén al servicio de la población.
No podemos entregarles como herencia un país debilitado por la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades.
El futuro de Guatemala depende de las decisiones que tomemos hoy.
Todavía podemos corregir el rumbo.
Todavía podemos recuperar la confianza en nuestras instituciones.
Todavía podemos construir una nación donde prevalezcan la justicia, la seguridad y las oportunidades.
Pero para lograrlo debemos despertar, participar y comprender que el destino del país es responsabilidad de todos.
¡Ánimo, Guate!
Edmond Mulet
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