Hace muchos años decidí dedicarme a producir y divulgar las riquezas y bellezas de mi bella Guatemala.
Siempre tuve claro que si algún día me dedicaba de lleno al periodismo de opinión o investigativo, mi vida podría adquirir, para algunos, únicamente el valor que alguien estuviera dispuesto a pagar en el mercado de sicarios.
Por eso celebré con esperanza aquella etapa que comenzó con la llegada de la democracia. Pensé, con todo mi corazón, que nuestro país iniciaba un camino diferente.
Creí que finalmente comenzaría a consolidarse la libertad de expresión, que las estructuras de poder de facto irían desapareciendo poco a poco y que podríamos construir instituciones capaces de proteger a los ciudadanos.
Pero quizá nuestra enorme riqueza también ha sido parte de nuestra maldición.
Guatemala representa un botín demasiado grande.
Durante décadas hemos visto pasar a los ladrones de siempre: unos con uniforme, otros con cuello blanco; unos identificados con la derecha y otros con la izquierda.
Y también debemos preguntarnos qué ocurrió con aquella izquierda que durante años se presentó como defensora de la justicia y de la igualdad.
Aquellos personajes que vestían como rebeldes, llevaban el cabello largo, lentes redondos y hablaban constantemente de transformar las estructuras del país.
Cuando algunos de ellos finalmente alcanzaron espacios de poder, ¿qué ocurrió?
Apareció aquello que tantas veces he descrito como Alí Babá y los cuarenta ladrones. Pero cada uno llamó a otros cuarenta, y así, durante esta era de desfalco que seguimos llamando democracia, se fue construyendo una estructura de corrupción extraordinariamente resistente.
Izquierda y derecha terminaron coincidiendo en algo que nunca debió unirlas: el aprovechamiento del Estado.
Cada cuatro años cambian los rostros, cambian los discursos y cambian los colores políticos, pero demasiadas veces la población termina viendo los mismos resultados.
Y mientras tanto, Guatemala continúa hundiéndose.
Lo que más me preocupa ahora es sentir que estamos retrocediendo hacia etapas que pensé que nunca volvería a ver.
La violencia, el miedo y la sospecha de ejecuciones extrajudiciales despiertan recuerdos de aquellos años oscuros que muchos vivimos.
Solo falta que vuelva a aparecer una panel blanca para terminar de sentir que regresamos varias décadas en nuestra historia.
Cada elección parece convertirse en una competencia para determinar quién administrará durante cuatro años una parte del enorme pastel del Estado.
Quizá por eso existe tanta euforia entre determinados partidos y dirigentes cuando se acerca una elección: todos quieren saber a quién le tocará una porción.
Hoy tengo más de 60 años y puedo asegurar que jamás pensé que llegaría a ver nuevamente a mi país en estas condiciones.
No imaginé una Guatemala con tanta desesperanza, con instituciones tan cuestionadas y con ciudadanos acostumbrándose a convivir con la violencia, la corrupción y la falta de servicios básicos.
¿Cuándo terminará este oscurantismo?
¿Cuándo dejará de utilizarse el miedo como mecanismo de control?
¿Cuándo comprenderán quienes ocupan cargos públicos que administrar el Estado no significa enriquecerse individualmente?
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa debe esclarecerse completamente.
Personalmente, tengo serias dudas y cuestionamientos sobre las circunstancias que rodearon el caso y sobre actuaciones policiales que han sido señaladas públicamente. Estas sospechas deben investigarse y comprobarse mediante las instituciones correspondientes; no pueden convertirse en verdades únicamente por repetirse.
Pero mientras existan dudas, el Estado tiene la obligación de responder.
Y el principal responsable político del Ejecutivo es el presidente de la República.
Eso no significa afirmar, sin pruebas, que el presidente ordenó o participó en un crimen. Significa algo distinto y fundamental: quien solicita el cargo más importante del país también asume la responsabilidad de garantizar seguridad, transparencia y eficiencia institucional.
Si existen señalamientos sobre actuaciones policiales, deben investigarse.
Si existen dudas sobre el asesinato de Foppa, deben aclararse.
Si existen cuestionamientos sobre lo sucedido en Huité, también deben responderse.
El silencio institucional únicamente alimenta sospechas.
Sé que para algunos puede parecer un atrevimiento escribir estas palabras.
Pero me preocupa todavía más acostumbrarnos a guardar silencio.
No podemos convertirnos en espectadores mientras nuestro país se deteriora día tras día.
La corrupción ya no representa únicamente dinero perdido.
La corrupción también cuesta vidas.
Cuando se roba el dinero destinado a hospitales, alguien queda sin atención.
Cuando se desvían los recursos de educación, un niño pierde oportunidades.
Cuando se abandona la infraestructura, comunidades completas quedan aisladas.
Cuando las instituciones de seguridad y justicia dejan de funcionar correctamente, toda la sociedad queda expuesta.
Hoy podemos decirlo con dolor:
No hay suficiente salud.
No hay educación de calidad para todos.
No hay infraestructura adecuada.
No hay seguridad suficiente.
Y cada vez existe menos confianza en las instituciones.
Lo que sí abundan son los oportunistas.
Personas que luchan desesperadamente por llegar al poder prometiendo transformar el país y que, una vez instaladas en el Gobierno, terminan acomodándose dentro del mismo sistema que prometieron cambiar.
El presidente Bernardo Arévalo llegó al poder ofreciendo una lucha frontal contra la corrupción. Precisamente por eso la ciudadanía tiene todo el derecho de exigirle resultados, explicaciones y acciones contundentes cuando ocurren hechos que generan dudas y preocupación nacional.
Guatemala ya no aguanta más discursos.
Necesita resultados.
Necesita justicia.
Necesita seguridad.
Necesita instituciones que funcionen.
Y, sobre todo, necesita ciudadanos que no tengan miedo de preguntar, exigir y participar.
Porque el día que dejamos de exigir respuestas, quienes se benefician del silencio habrán ganado.
Marlon Rosales
Detrás del escritorio
Artículo de opinión. Las valoraciones, cuestionamientos y señalamientos expresados corresponden al autor. Las posibles responsabilidades penales deben establecerse mediante investigación y resolución de las autoridades competentes.
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